El miércoles 24 de enero tendrá lugar una huelga general en Argentina convocada por los principales sindicatos y corrientes sindicales del país, la oposición peronista y de la extrema izquierda parlamentaria y un sinfín de organizaciones sociales, piqueteras, etc. El objetivo es impedir que la ley ómnibus propuesta por el gobierno del recién elegido Milei pase por el Parlamento y la judicatura y se convierta en realidad.
Tras la victoria del histriónico candidato a finales del año pasado, Argentina parece que está en el foco de todas las miradas. Ante una crisis económica cuya principal característica es la inflación desbocada (pero que no es algo tan extraño en un país con sus características productivas) y el tono beligerante con que el partido La Libertad Avanza llegó al poder, desde todas partes se espera con atención el resultado de las medidas que se están poniendo en marcha. Pero la realidad, más allá del circo mediático que pueda generarse en torno a las salidas de tono del nuevo presidente, es que en Argentina se prepara un ajuste económico al uso, siguiendo los patrones básicos que durante los últimos años se han visto en cada caso de este tipo. Devaluación de la moneda para limitar el crecimiento de los salarios, rescate de la deuda privada, blindaje de los sectores exportadores del país, etc. etc. Nada que no se haya visto con anterioridad en cualquier país que, como Argentina, haya recibido ayudas de las entidades financieras internacionales y se vea en la obligación de devolverlas en medio de una situación turbulenta. Sobre esto no hay que llevarse a engaños: el “libertarismo” de Milei, los ataques a “la casta”, los llamados a acabar con el Banco Central, son estridencias que emborronan la realidad: será la clase proletaria la que pague el ajuste y lo hará, como siempre, viendo deterioradas hasta el extremo y por tiempo indefinido sus condiciones de vida y de lucha.
La ley ómnibus contra la que se convoca la huelga afecta a temas tan variopintos como el salarial, la regulación del espacio aéreo o la titularidad de la propiedad de los equipos de fútbol. Se trata de una especie de disparo a bocajarro, con toda la fuerza disponible en el momento, con el que se intenta aprovechar el momento de euforia y fortaleza posterior a las elecciones para imponer lo más rápido posible las medidas anti crisis. Por lo que parece la precipitación a la hora de diseñar la reforma legislativa ha hecho que se pueda estar vulnerando la propia Constitución y esto ha llevado a que el poder judicial bloquee su aplicación. Ante esta paralización, el partido de la derecha tradicional, que dio a Milei forma y estructura después de que este ganase por sorpresa la primera vuelta de las elecciones y a través del cual la clase burguesa argentina, en un primer momento reacia a la llegada al poder del nuevo presidente, ha colocado en el gobierno a sus principales representantes, se ha aprestado a aceptar algunas reformas al texto legal, a suavizar algunos puntos, etc. Para ellos, para la clase social a la que representa y que ve en figuras como Macri o Bullrich la única alternativa ante la podredumbre absoluta que domina en el peronismo, no se trata de hacer una revolución: basta con ser capaces de utilizar la borrachera democrática que ha llevado al enésimo gobierno populista al poder para aplicar el que ha sido su programa de reformas habitual durante los últimos 50 años.
Para la izquierda tradicional, para las diferentes ramas peronistas y para el gran sindicato CGT, la paralización de la ley ha sido la excusa perfecta para contemporizar con el gobierno. Para empezar, llamaron a una huelga general ¡el 24 de enero! Un mes después de la aprobación del decreto ómnibus, dando con ello la garantía de que el único fin de la movilización era cubrir el expediente, justificar una oposición más ficticia que real y plegarse en definitiva ante las exigencias de la burguesía. Y para continuar, cifran todo el rechazo a la ley en sus defectos formales, en la posibilidad de que sea inconstitucional, etc. Es decir, dejan a la judicatura la potestad de aplicarla al menos en sus partes legales.
Finalmente, la extrema izquierda parlamentaria, de corte trotskista y representada por el Frente de Izquierda y de Trabajadores (coalición electoral formada por el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero y la Izquierda Socialista), se colocan, como es habitual, detrás del peronismo y de la CGT, y se limitan a exigir a estos que hagan una “oposición real” a Milei, que encabecen las huelgas y las protestas, que se afanen en la vía legalista, etc. Durante los últimos veinte años el trotskismo ha mostrado, en Argentina, su inmensa capacidad… para desviar a los proletarios de los verdaderos objetivos, métodos y medios de la lucha de clase. No va a ser menos ahora.
Pero la realidad es sangrante para el proletariado de Argentina. La paralización temporal de la ley no parece ser otra cosa que una maniobra de dilación para evitar un choque demasiado brusco entre el nuevo gobierno y la clase trabajadora que padecerá sus medidas. La burguesía, a través de su Estado, que incluye tanto al gobierno como al poder judicial o al Parlamento en el que está la oposición, trata de lograr un punto de equilibrio en el cual sus exigencias se impongan con fuerza pero se limen los aspectos más virulentos, logrando así reforzar la confianza en el propio Estado por parte de los proletarios y atenuar su protesta, que siempre podrá ser remitida por la oposición peronista y trotskista a un nuevo envite electoral, una nueva rogatoria judicial, etc.
Las medidas que exige la burguesía argentina e internacional se impondrán, sin duda. No existe oposición a estas ni en el Parlamento ni en los juzgados: todos los partidos burgueses saben que son imprescindibles para evitar que la crisis económica repercuta definitivamente sobre sus ganancias y la extrema izquierda será incapaz de romper con ellas. La tupida red de organizaciones sindicales y asociaciones piqueteras y sociales controladas por el peronismo y el trotskismo no van a plantar una batalla real contra las medidas anti obreras del gobierno: en Argentina más que en cualquier otro país de América Latina, el sindicalismo de concertación, que tiene como bandera la solidaridad interclasista al amparo del Estado burgués, paraliza al proletariado y tiene como función garantizar la paz social a cambio de participar en el desarrollo de políticas sociales, reparto de prebendas, etc.
En esta situación, los proletarios deben prepararse para un largo periodo de sacrificios y exigencias. Su única alternativa es ser capaces de salir de su letargo y presentar la batalla sobre el terreno de la defensa inmediata de sus condiciones de existencia. No pueden esperar nada ni de la oposición “de izquierdas” ni de las grandes organizaciones sindicales que juegan en favor de su enemigo de clase, pero, a la hora de la verdad, a la hora de aplicar la legislación anti obrera que la burguesía reclama a través de Milei, todavía poseen la fuerza que como clase les corresponde en los puestos de trabajo, en las empresas y en los barrios proletarios. Aún cuando toda la fuerza del enemigo, la abierta y la soterrada, vaya encaminada a hacerles aceptar su propia miseria, todavía pueden plantarle cara a través de la lucha de resistencia cotidiana contra la aplicación de cada una de las medidas que contiene el decreto.
¡Por la defensa intransigente de las condiciones de vida y lucha del proletariado!
¡Por la creación de organismos de resistencia económica capaces de afrontar la ofensiva de la clase burguesa!
¡Por el retorno de la lucha de clase!
Partido Comunista Internacional (El Proletario)
22/01/2024