Al margen de la manifestación de Turín en apoyo al centro social Askatasuna (*)

Control social contra antagonismo social

Para quienes no lo sepan, hace casi treinta años, en Turín, un nutrido grupo de jóvenes del barrio de Vanchiglia —cerca de la confluencia del Dora Riparia con el Po—, vinculados al ámbito político de la Autonomía, ocupó el antiguo edificio (construido en 1880 como guardería gestionada por las damas de la caridad) situado en el número 47 del corso Regina Margherita. Este edificio, propiedad del Ayuntamiento de Turín, había sido abandonado en 1981 sin que su uso se hubiera reconvertido en otros servicios, como ocurre con miles y miles de edificios tanto de propiedad pública como privada. Pero, como es sabido, la propiedad privada en esta sociedad es sagrada, aunque se arruine, y llega un momento en que el poder burgués, con sus leyes y su policía, la hace «respetar».

Al igual que en muchas otras ciudades italianas, con el crecimiento de los movimientos sociales que se planteaban el problema de reactivar la vida social en los suburbios y barrios de las ciudades abandonados a su suerte, se planteaba también el problema muy práctico de encontrar una sede, un edificio, en el que organizar las diferentes actividades. A diferencia de las organizaciones vinculadas a la Iglesia, los sindicatos y los partidos oficiales y todas las asociaciones emanadas de la patronal o de las más diversas instituciones, los movimientos sociales que tenían como principales recursos la lucha contra el desempleo, los desahucios, la degradación, la discriminación y la represión, y que se proponían hacer de la solidaridad proletaria un motor de su vida social, tras identificar edificios y locales abandonados a la ruina desde hacía años, decidieron en un momento dado ocuparlos para utilizarlos como centros de reunión, donde celebrar conciertos, organizar servicios para el barrio, ayudar a personas en dificultades, impartir cursos escolares para inmigrantes y, al mismo tiempo, realizar actividades políticas, organizando luchas contra los desahucios, el desempleo y la represión. Así, en octubre de 1996, ese edificio de Turín fue ocupado y nació el Centro Social Autogestionado Askatasuna (en euskera, askatasuna significa «libertad»); allí se organizaron talleres artísticos, una biblioteca, incluso un cuarto de revelado fotográfico y una sala de grabación; el centro social también se dotó de un servicio de asesoramiento jurídico para todas aquellas personas que tenían problemas de vivienda. El fuerte vínculo con el barrio reforzó su vitalidad, convirtiéndolo en un punto de referencia no solo para Turín, sino también para otras ciudades; algo parecido a lo que ocurrió con el Leoncavallo en Milán, que, sin embargo, tuvo un origen muy diferente, ya que nació en la estela del 68, asociando a diferentes partidos y movimientos políticos de izquierda, y también a la radicalización sindical.

La característica política de los fundadores y representantes del Centro Askatasuna, como se ha dicho, derivaba de la experiencia de la antigua Autonomía Obrera de Toni Negri, pero desvinculada de los partidos políticos y los movimientos institucionalizados, con objetivos mucho más limitados y locales, pero no por ello menos importantes para la ciudad de Turín y su territorio. Su actividad de oposición al TAV es conocida y se ha caracterizado a menudo por acciones de obstaculización de las obras del TAV en Val di Susa, lo que le ha llevado inevitablemente a enfrentarse con la policía. Es bien sabido que esta presencia tan arraigada en Turín molestaba a la administración municipal de todos los colores, a las instituciones en general y a la política gubernamental. En el período posterior a la larga temporada de movimientos sindicales y sociales de los años sesenta y setenta del siglo pasado, con la transformación de las grandes ciudades industriales (Milán, Turín, Génova, etc.) en ciudades cada vez menos obreras y cada vez más comerciales, los mismos barrios obreros de antaño se convirtieron en barrios desfavorecidos, cada vez más «olvidados» por las instituciones municipales, pero no por los promotores inmobiliarios y las organizaciones criminales, cada vez más periferia de las periferia, donde el empobrecimiento generalizado empujaba a los habitantes a encerrarse en sus problemas de supervivencia cotidiana, aislándose cada vez más y careciendo cada vez más de las actividades sociales tradicionales que no fueran las gestionadas exclusivamente por las parroquias o los partidos parlamentarios; el nacimiento y la actividad de los centros sociales, que reunían sobre todo a los jóvenes del barrio, se convirtieron así en un soplo de aire fresco para todo el barrio.

El centro social Askatasuna representó precisamente ese soplo de aire fresco que ni las parroquias ni las instituciones locales eran capaces de ofrecer. Las ocupaciones, las manifestaciones y las acciones de solidaridad social se convirtieron en sí mismas en antagonistas de las instituciones, representaban una alternativa al abandono —sí, «institucionalizado»— de los barrios que antes eran obreros, una especie de revancha frente a la hipócrita propaganda, que se repetía en cada elección, de atención a las periferias con vistas a su «recalificación», lo que no significaba más que alquileres más altos, nuevas construcciones en lugar de los antiguos bloques, desalojos y expulsión de los antiguos habitantes que, con sus míseros salarios y pensiones, no podían hacer frente al aumento general del coste de los alquileres y de la vida. La actividad de estos centros sociales —que tanto molestan no solo a los partidos de derecha, sino también a los de izquierda— se basaba y se basa en el voluntariado y el compromiso de sus militantes; se colocaba inevitablemente en contra de la defensa ciega de la propiedad privada y de las decisiones políticas que, de vez en cuando, toman los lobbies político-financieros en detrimento del bienestar de los habitantes afectados y del medio ambiente en el que viven (como en el caso del Val di Susa, violado por la obra del TAV, útil solo para los beneficios capitalistas italianos y franceses). Una actividad que no se limita a mirarse el ombligo, sino que tiende a reaccionar ante todo lo que se muestra aplastado por la rutina cotidiana, ante la tendencia a bajar la cabeza ante el superpoder del dinero, de la patronal, de la policía, del orden establecido; que tiende a expresar no solo un descontento ya generalizado, sino también el disgusto específico por las complicidades —a veces reivindicada con palabras, pero sin duda llevada a cabo con hechos— del Gobierno con la política de armamento y las guerras, entre las que destaca el exterminio de los palestinos de Gaza y Cisjordania. Al igual que hace tiempo se protestaba contra la guerra estadounidense en Vietnam o el envío de soldados italianos al Líbano para hacer digerir una pacificación que solo beneficiaba a los poderes fuertes de la época, en estos años las protestas se han centrado inevitablemente contra el genocidio de Gaza y, por esta cuestión concreta, han sido reprimidas por el Estado. Toda esta actividad solo podía contar con la solidaridad de la gente de los barrios y las ciudades que reconocía su utilidad y, en muchos casos, su necesidad.

La hipocresía democrática, en un primer momento y por razones puramente electorales, ha movido de vez en cuando a las instituciones a intentar llegar a un acuerdo con esos centros sociales, incluso en el caso de Askatasuna en Turín, para aliviar la tensión social y aislar a los elementos más decididos, turbulentos y «antagónicos» de los demás militantes. Y fue durante las «negociaciones» de este tipo, entre el Ayuntamiento de Turín y los representantes de Askatasuna, cuando el pasado mes de diciembre se produjo el desalojo del centro social, con bloqueo de las calles adyacentes y policías antidisturbios. Lo mismo ocurrió en varias ocasiones en Milán con el Leoncavallo, que a lo largo de los años, aunque mantuvo su tradición de centro cultural (música, teatro, fotografía, actividades antifascistas, etc.), perdió en gran parte su antagonismo obrero original.

El pasado 18 de diciembre, a las 5 de la mañana, la policía estatal, los carabinieri, la Digos, la guardia de finanzas y la policía local irrumpieron en el centro social Askatasuna, cerraron el tráfico en el corso Regina Margherita y cerraron las escuelas y la guardería cercanas. Decenas de activistas fueron inscritos en los registros de sospechosos, acusados de daños, invasión de edificios, resistencia a la autoridad y un largo etcétera. ¿El pretexto para la redada? Algunas partes del edificio estaban inutilizables, pero se seguían utilizando, mientras que el Ayuntamiento y el Centro Social estaban negociando un supuesto pacto de colaboración. Era evidente que no había ninguna intención de «resolver» pacíficamente el «problema Askatasuna»: la intervención de la policía para desalojar el Centro Social por la fuerza era solo cuestión de tiempo. Como en todas partes, a los políticos de todo tipo les molesta enormemente cualquier iniciativa social que no esté controlada por ellos y que no dependa de ellos. Era necesario un cambio en el clima político general, determinado en las últimas décadas por una política continua contra los inmigrantes y contra los centros sociales en particular, precisamente por su función de agregación y organización de la oposición y el antagonismo social, para que se atacaran aquellos centros que más que otros habían resistido a lo largo del tiempo. Tras el desalojo del pasado 18 de diciembre, comenzaron las manifestaciones en contra y para volver a ocupar el edificio, ahora tapiado.

La secuencia de manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas policiales fue inevitable, hasta la gran manifestación del pasado 31 de enero, en la que participaron decenas de miles de personas en defensa del centro social. Que la marcha no se desarrollaría como una procesión estaba claro como el agua, y la prefectura lo previó con tanta certeza que decidió militarizar todo el barrio de Vanchiglia. Los enfrentamientos, cerca del corso Regina Margherita, estaban en el aire; se vivió una situación similar, aunque mucho más reducida, a la que se produjo en Génova en julio de 2001 durante el tristemente famoso G8: junto a los miles de manifestantes pacíficos, que también procedían de otras ciudades y del extranjero, aparecen en un momento dado los «black bloc»: el enfrentamiento con la policía, antes imaginado y temido, se hizo realidad, y en él se vieron inevitablemente involucrados también los manifestantes cuyo objetivo principal era mostrar su determinación de no aceptar los abusos institucionales sin reaccionar, pero que no tenían ninguna intención de convertir el enfrentamiento con la policía en el centro de su manifestación. Se sabe desde siempre que, en situaciones de tensión social, las fuerzas policiales impiden, por lo general, la expresión más amplia de la protesta, como demuestran, por ejemplo, los recientes casos de ataques a manifestantes pro-Palestina. Ya no hay ninguna manifestación callejera relacionada con problemas sociales controvertidos en la que no se vea desplegada la policía antidisturbios, como si cada manifestación callejera, sobre todo si está organizada por movimientos sociales que no son del agrado del poder, estuviera organizada para convertirse en un motín...

A LAS TENSIONES SOCIALES DEBIDAS A LAS CONTRADICCIONES CAPITALISTAS, CADA VEZ MÁS FUERTES, LA BURGUESÍA RESPONDE CON EL ESTADO POLICIAL.

El poder político, las instituciones, las prefecturas y la policía saben perfectamente que las tensiones sociales son provocadas por las contradicciones cada vez más fuertes y agudas generadas por la sociedad capitalista que el poder, las instituciones, las prefecturas y la policía defienden, y que, sobre todo si involucran a las masas juveniles, pueden desencadenar movimientos de protesta y rabia que traspasan los límites de la pacífica e ilusoria apelación a los «derechos», al «diálogo», a la «asunción de responsabilidad» por parte de las instituciones de los problemas reales de la vida y la supervivencia en los que se ven envueltas masas cada vez más amplias, de jóvenes y ancianos; instituciones que, de hecho, llevan décadas y décadas demostrando que sacrifican los derechos y el diálogo en favor del siempre presente e inaplazable servicio tout court al gran capital, cuya tarea principal es la «defensa del orden establecido»; un servicio al gran capital, a cuya sombra florecen continuamente corrupciones de todo tipo y nivel, algo que ningún poder es capaz de ocultar por completo, tal es la extensión y la profundidad de la corrupción.

Es contra esta sociedad decadente contra la que se rebelan masas de jóvenes sin futuro, marginados y desempleados; una sociedad que no se limita a explotar cada vez más intensamente la fuerza de trabajo proletaria, a pagarla por debajo de su valor, a despedirla, a empujar a capas cada vez más amplias hacia la marginación, a considerarla un accesorio útil para el funcionamiento de la máquina capitalista hasta que la propia máquina automatiza buena parte de sus funciones, sancionando así la inutilidad de mantener en el trabajo a miles de obreros cuando puede funcionar con una décima parte de la mano de obra empleada anteriormente; una sociedad que se expresa a través de un poder que impone cada vez más sus propias reglas de conservación, sus propios intereses de casta, sus propios objetivos nacionales y supranacionales que van en sentido totalmente contrario a las tan aclamadas soluciones de compensación social frente a la creciente pobreza registrada por las propias instituciones estadísticas del poder.

¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, con la Fiat de Turín, si no es una amplia desindustrialización y una deslocalización, por cuestiones de costes de mano de obra, de una buena parte de su producción? Los barrios obreros de antaño casi han desaparecido, en parte se han incorporado al círculo de un centro urbano que se amplía, lo que brinda a los constructores y promotores inmobiliarios la oportunidad de subir los precios de la vivienda, y en parte se han abandonado a la pobreza generalizada. Y no es una situación que afecte solo a Turín, sino a todas las grandes ciudades y, sobre todo, a las ciudades industriales, como Milán, Génova, y como ya ocurrió en Detroit, Chicago, etc., lo que demuestra que el capitalismo provoca las mismas desgracias en todas partes.

Mientras tanto, ¿cómo piensa intervenir el poder político para eliminar las causas que generan y regeneran la ira social? ¡Con más decretos de seguridad! ¡Reforzando el Estado policial!

¡Como si no bastaran las leyes que existen desde siempre, heredadas del fascista Código Rocco, y los decretos que han ido añadiendo todos los nuevos gobiernos que se han instalado en el Palazzo Chigi! El Gobierno de Meloni utiliza los enfrentamientos del 31 de enero en Turín —en los que un policía que se había separado del equipo al que pertenecía para perseguir a un manifestante fue golpeado por los manifestantes entre los que se había metido— para lanzar un nuevo desafío no tanto a los activistas de Askatasuna —que están a años luz de las Brigadas Rojas, a las que, en cambio, han sido instrumentalmente asimilados por los ministros Crosetto (Defensa), Nordio (Justicia) y Piantedosi (Interior)—, sino a todos aquellos que pretenden manifestar su protesta en las calles. El nuevo decreto de Seguridad, elaborado en un santiamén, debatido y en parte «limado» con el Quirinal (algo que, según la tan alabada Constitución de la República, nunca debería suceder, pero con Mattarella ha sucedido), prevé, además de una serie de restricciones de diversa índole para toda manifestación pública, algunas medidas como estas:

- la «detención preventiva» de al menos 12 horas (el texto anterior preveía 24 horas) para aquellos que la policía sospecha, pero sin tener pruebas ciertas, que podrían cometer delitos, convirtiendo a los agentes de policía en personas por encima de cualquier derecho;

- el escudo penal para los agentes de policía en el desempeño de sus funciones, escudo que, tras la consulta con el Quirinal, se ha ampliado formalmente a «todos los ciudadanos» que se encuentren en la situación de tener que defenderse de un ataque... Esta ampliación a «todos los ciudadanos» es la clásica hoja de parra, porque es evidente que su objetivo principal son las fuerzas del orden, que utilizan hidrantes o gases lacrimógenos disparados a la altura de las personas (como ocurrió en Bolonia el 2 de octubre de 2025 durante una manifestación en apoyo a la Flotilla Global Sumud para Gaza), los golpes con porras a manifestantes aislados o las furgonetas lanzadas contra los manifestantes o cuando disparan —para no ser «abrumados» por la masa de manifestantes— como ocurrió en junio-julio de 1960 en Reggio Emilia y en otras ciudades italianas, o cuando masacran a manifestantes absolutamente indefensos como en julio de 2001 en Génova, en la escuela Diaz o torturan a los detenidos como en el cuartel de Bolzaneto. Y estos son solo algunos ejemplos de una larga serie que cada gobierno ha tratado de hacer olvidar, destacando exclusivamente los enfrentamientos violentos con pequeños grupos de manifestantes o con los famosos black bloc;

- las zonas rojas permanentes, es decir, áreas —como, por ejemplo, las estaciones de tren, algunas zonas céntricas y turísticas de las ciudades, etc.— en las que se prohibirá cualquier manifestación pública porque se considera una protección objetiva, aunque no deseada, de grupos que tienen la intención de enfrentarse a la policía y causar daños a las infraestructuras, a las tiendas, al «bien público», etc.;

- No detenerse ante la orden de las fuerzas del orden se convierte en un delito, punible con penas de seis meses a cinco años. Recientemente se ha dado el caso del joven de 19 años Ramy Elgaml, que murió en Milán el 24 de noviembre de 2024 porque, al ir en una motocicleta conducida por un amigo (sin carné) que no se detuvo ante la orden de los carabineros, salió despedido tras el choque provocado por el coche de los carabineros que los perseguían por las calles de la ciudad. Sobre la base de los vídeos recuperados y de lo relatado por los testigos, los carabineros fueron acusados de homicidio imprudente, algo que intentaron evitar borrando vídeos, redactando informes falsos e intimidando a los testigos para que borraran sus grabaciones... Con el nuevo decreto, se quiere atribuir la culpa de cualquier consecuencia negativa, o mortal, relacionada con la persecución de los fugitivos del control policial, a los propios fugitivos, aunque el motivo de la huida no sea tal que se les considere delincuentes empedernidos.

Es sabido que la Liga de Salvini había propuesto que en este decreto ley se incluyera también una fianza, bastante cuantiosa, que deberían pagar los organizadores de manifestaciones, todas las manifestaciones, desde las organizadas por los sindicatos colaboracionistas hasta las contra la violencia contra las mujeres, desde las en defensa del medio ambiente hasta las contra la especulación y la urbanización excesiva, como está ocurriendo contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, etc. –; una fianza motivada por la posibilidad de que durante las manifestaciones se dañen bienes públicos o privados. Pero esta partida no ha sido aprobada, dada su evidente «inconstitucionalidad», que el Quirinal ha puesto de relieve en esta ocasión; lo cierto es que, si en la formulación actual esta sanción preventiva —perfectamente coherente con la detención preventiva que, en cambio, sí ha sido aprobada— no era sostenible, sin duda más adelante encontrarán la manera de aprobarla, quizá mediante la fórmula de la sanción administrativa.  

EL OBJETIVO BURGUÉS SIEMPRE ES EL CONTROL SOCIAL

Todo gobierno burgués tiene siempre un objetivo social concreto que alcanzar con todos los medios que, a lo largo del tiempo, ha experimentado y perfeccionado: el control social. ¿De qué medios dispone el poder? La historia de la lucha entre clases ha demostrado que los medios utilizados por la burguesía son tanto legales como ilegales: la combinación de medios legales e ilegales nunca es casual, sino que ha sido razonada, prevista y experimentada durante más de dos siglos de poder burgués. Esta combinación de legalidad e ilegalidad también existía en las sociedades anteriores divididas en clases, pero con el capitalismo, el desarrollo técnico y tecnológico de la producción ha perfeccionado los medios de control social, alcanzando en pocas décadas resultados inimaginables hace ochenta años.

Lo que antes nos maravillaba, hoy se ha convertido en algo tan normal que ya no podemos prescindir de ello: pensemos en Internet y, por lo tanto, en los ordenadores, las tarjetas de crédito, los teléfonos móviles capaces de realizar muchas funciones al mismo tiempo, los comandos de voz, las conexiones intercontinentales gracias a los satélites. La investigación tecnológica se centra normalmente en ahorrar tiempo, agilizar las comunicaciones y conectar puntos muy distantes entre sí, reduciendo así enormemente la distancia entre un punto y otro. La investigación tecnológica se centra sobre todo en facilitar, agilizar y conectar a todos los «protagonistas» del mundo empresarial. ¿Y quiénes son estos protagonistas? Los grandes monopolios económicos, financieros y comerciales que gravitan en torno a las bolsas de todo el mundo y, por supuesto, las grandes tecnológicas, que dominan las telecomunicaciones. Cada vez más, sobre todo desde que el capitalismo financiero ha tomado el relevo del capitalismo industrial, agrícola y comercial, las telecomunicaciones se han convertido en algo vital para el modo de producción capitalista, para su supervivencia a pesar de las crisis cada vez más frecuentes y devastadoras que demuestran su lenta pero inexorable putrefacción. La interconexión, la red de redes, son herramientas de las que el capitalismo moderno ya no puede prescindir. Y tampoco pueden prescindir de ellas ni la estructura policial y militar de cada Estado, ni la delincuencia organizada, que ya forma parte de los engranajes más delicados de cada Estado. El proletariado, empujado por unas condiciones de existencia cada vez más intolerables, volverá al terreno de la lucha de clases no solo para defenderse de nuevos empeoramientos, sino también para contrarrestar la regimentación generalizada con vistas a la próxima guerra mundial, y no podrá dejar de tener en cuenta estas nuevas tecnologías y el uso que hace de ellas el poder burgués.        

Cada vez que el gobierno en funciones se enfrenta a una situación de tensión social, lo primero en lo que piensa es en la seguridad del orden establecido, lo que siempre significa reforzar las medidas de represión contra los movimientos sociales —ya sean obreros, estudiantiles o pequeñoburgueses— que las propias condiciones sociales empeoradas empujan a movilizarse para defender sus diversos intereses inmediatos. En realidad, no es la legalidad en sí misma, ni siquiera los derechos consagrados en las leyes que con el tiempo se han incorporado a los códigos civiles y penales, los principales objetivos de la acción de los gobiernos burgueses para la prevención y represión de los delitos. Si hay una clase social que sistemáticamente elude las leyes y se burla de los «derechos» de todos, esa es precisamente la clase burguesa, la clase de los propietarios, los capitalistas, los multimillonarios, la clase que explota a todas las demás clases sociales, y sobre todo a la clase proletaria, para mantener su dominio político, económico y social. La sociedad del dinero, del beneficio capitalista, del poder burgués se basa en un modo de producción que nació violando de arriba abajo las relaciones sociales y de producción anteriores, sometiendo a sus leyes, es decir, a las leyes del beneficio capitalista, todas las relaciones humanas y, dentro de los límites de su capacidad para ejercer la violencia más ciega, también las relaciones con la naturaleza.

LA VIOLENCIA ESTÁ EN LA NATURALEZA DE LA SOCIEDAD DIVIDIDA EN CLASES

Despotricar contra la violencia en general y, sobre todo, adoptar medidas coercitivas y represivas cada vez más capilares en nombre de una seguridad social que, en realidad, ningún gobierno burgués podrá garantizar jamás, ni siquiera con mano de hierro, forma parte del arte de gobernar de la burguesía; un arte que delega en el Estado y en sus fuerzas militares la tarea de controlar sistemáticamente todas las actividades y todas las relaciones sociales para que cualquier inevitable desliz, cualquier inevitable grieta o fractura no ponga en peligro todo el edificio social y el poder dominante.

Pero la propia historia del desarrollo del capitalismo, y de la sociedad burguesa que le corresponde, es una historia de fracturas, de contrastes, de contradicciones, de violencias, de tensiones que desembocan en el uso de la violencia del poder dominante contra las clases dominadas que se atreven a rebelarse y que, a su vez, para defenderse, responden con violencia. Un resultado predeterminado por las propias contradicciones económicas y sociales que tienden a aumentar cada vez más los contrastes sociales. Por un lado, tenemos a la clase burguesa que tiende a servir con todos los medios a su alcance —por lo tanto, también con la violencia del Estado y las ya clásicas intrigas de los servicios secretos y las cúpulas militares (basta recordar la P2 y sus tramas de varias décadas)— a los intereses del Capital, cuyo autoritarismo económico se traslada automáticamente al autoritarismo político. Por otro lado, tenemos a las clases dominadas, y en particular a la clase productora por excelencia —la clase de los trabajadores asalariados— que,  superado el límite de soportabilidad del empeoramiento de sus condiciones de vida, reacciona con la fuerza, aprendiendo en cierto sentido precisamente de los métodos utilizados por las fuerzas del orden burguesas, a expresar su malestar social causado por  una injusticia social cada vez más sistemática y difusa y golpeando donde pueden, más o menos a ciegas, los símbolos locales del poder.

En los años setenta del siglo pasado, y sobre todo a partir de la crisis de mediados de los años sesenta y como consecuencia de la gran crisis mundial de 1975, Europa asistió no solo a una larga temporada de grandes huelgas y enfrentamientos sistemáticos entre la policía y los huelguistas, sino también a la formación de movimientos estudiantiles de gran envergadura (1968) de los que surgieron posteriormente los grupos de lucha armada, entre los que los más importantes fueron la RAF en Alemania, la AD en Francia y  las BR en Italia (1).

En aquella época, estos grupos terroristas no solo estaban organizados militarmente, en plena clandestinidad, por supuesto, sino que pretendían atacar realmente al Estado para cambiar la política gubernamental en favor del «pueblo», pero no para cambiar de arriba abajo las relaciones de producción y sociales burguesas y capitalistas: por lo tanto, no eran revolucionarios comunistas en el sentido estricto del término, sino reformistas con pistola, como los definimos nosotros. Organizaciones como las BR se formaron y desarrollaron también en oposición a la actividad de organizaciones de extrema derecha y abiertamente fascistas, como Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, los Nar, Ordine Nero, etc. (vinculadas más o menos estrechamente a miembros de los servicios secretos y de las altas esferas militares), que tenían la tarea de difundir el desorden y el miedo en el país para abrir las puertas del gobierno a los partidos de extrema derecha y a una renovada dictadura que tenían la costumbre de llamar «república presidencial». Estas organizaciones de extrema derecha no pretendían «reformar» la política gubernamental, sino dar un golpe de Estado y, para justificarlo, era necesario sembrar el mayor desorden social posible, demostrando que los partidos democráticos en el gobierno eran incapaces de pacificar la situación y restablecer «el orden», y el mayor miedo en la población para que aceptara a los nuevos «pacificadores» como la única solución para restablecer el tan invocado orden social. Solo que el principal medio utilizado para lograr este resultado fue la matanza: no iban a atacar a los representantes individuales del poder, del gobierno, sino que iban a atacar ciegamente a la población y, sobre todo, a los proletarios, a los trabajadores. Así se explican, citando los episodios más llamativos, las bombas en las estaciones y los trenes, empezando por las bombas de abril y agosto de 1969 en Milán y en muchas pequeñas estaciones de la línea Milán-Venecia, con una treintena de heridos, luego la bomba en la estación de Gioia Tauro en julio de 1970, que causó 6 muertos y 139 heridos, y la masacre del Italicus (el tren Roma-Múnich) en agosto de 1974, que causó 12 muertos y 105 heridos; a estas masacres «de los trenes» se suman la masacre de la Piazza Fontana en Milán el 12 de diciembre de 1969, con 17 muertos y 88 heridos, de la que se acusó falsamente a los anarquistas (mientras el ferroviario Pinelli «caía» desde una ventana de la comisaría), absolutamente ajenos al hecho; en mayo de 1974, la masacre de la Piazza della Loggia en Brescia, durante una manifestación sindical, con 8 muertos y 105 heridos, y la masacre en la estación de Bolonia el 2 de agosto de 1980, que causó 85 muertos y 200 heridos.

Hoy no nos encontramos en la misma situación política y social que entonces. Ya no existen los grandes carros políticos como el PCI y su ansia de llegar al gobierno con todos los compromisos necesarios contra los que luchaban, con «armas» diferentes, los movimientos de la izquierda extraparlamentaria y las Brigadas Rojas; como la Democracia Cristiana y su capilar red de instituciones y organizaciones que dividía el poder nacional y local entre sus diferentes facciones y los partidos ora de «izquierda», ora de «derecha»; como el PSI de Nenni y Craxi, que abrió las puertas a los gobiernos del llamado «centro-izquierda», y ya no existe el MSI con sus facciones extremistas que se especializaron en las masacres. Los grandes partidos que dominaron la escena italiana desde la posguerra hasta los años ochenta se han desgastado hasta tal punto que han agotado por completo su influencia política sobre importantes capas de la población, pero no tanto como para no servir de abono para nuevas formaciones políticas. De hecho, las diferentes organizaciones en las que se ha desintegrado el PCI, desde los DS hasta Rifondazione, pasando por el más reciente PD y diversas «izquierdas», o la Lega, que desde Padania ha extendido sus tentáculos más allá del Po hasta llegar a Calabria y las grandes islas, o el partido-empresa de Berlusconi, que intenta actuar como aguja de equilibrio de las coaliciones de gobierno, siempre dispuesto a defender los intereses de su monopolio televisivo, o incluso la derecha histórica, transformada primero en Alianza Nacional y luego en Hermanos de Italia, aprovechando el nacionalismo como superarma ideológica y económico-política, se han encargado, mientras tanto,  de mantener con vida el cadáver del parlamentarismo, dado que la ilusión democrática sigue ejerciendo cierta influencia al menos sobre una parte del electorado (aunque, con el paso de los años, la participación en las elecciones disminuye constantemente). Naturalmente, sobre todo para garantizar al capitalismo nacional la continuidad de la explotación intensiva de los proletarios a pesar de la ralentización del desarrollo económico y financiero y, al mismo tiempo, como en cualquier otro país, aumentar la carga fiscal sobre los trabajadores regulares, aumentar el porcentaje de trabajos en negro y sometidos a diversas formas de explotación, dividir cada vez más a la masa proletaria estratificándola en formas contractuales complicadas y diferenciada pero, en esencia, empobreciéndola, sumiendo a capas cada vez más amplias en la marginación. En cuanto a las organizaciones sindicales, se trataba de vincularlas cada vez más al carro burgués, garantizándoles condiciones de existencia y algunos privilegios personales en la medida en que desempeñaran la tarea que se les había asignado desde los tiempos de la «resistencia antifascista»: controlar que las masas proletarias se sometan, por las buenas o por las malas (por ejemplo, con el chantaje del puesto de trabajo o de un cambio de categoría...), a los dictados de las empresas y del gobierno.

LA REACCIÓN DE LAS CAPAS PEQUEÑOBURGUESAS CONTRA EL CAMINO QUE DEBE TOMAR EL PROLETARIADO

Las protestas de las masas estudiantiles se mezclan con las turbulentas manifestaciones callejeras de los centros sociales, expresando un malestar y un descontento generalizados que son aprovechados, como ocurre casi siempre, por las capas pequeñoburguesas arruinadas por el avance de la concentración capitalista y por las operaciones de los grandes monopolios que privan a la pequeña burguesía industrial, artesanal, agrícola y comercial la posibilidad de sobrevivir con su actividad tradicional, arruinándola y empujándola al infierno del trabajo asalariado, del trabajo mal remunerado, del trabajo precario. La pequeña burguesía, aunque arruinada por el amado capitalismo, se lleva consigo las ilusiones de una sociedad en la que su bienestar y su pequeña propiedad privada no se ven afectados porque se consideran sagrados e intocables y, en el momento en que se da cuenta de que esos pequeños privilegios económicos y sociales no son en absoluto intocables, se rebela de la manera más desordenada, pasa de la resignación a la ira más ciega, del espíritu de revancha a la dedicación humanitaria, de encerrarse en la esfera privada sin «creer en nada» a huir a otras ciudades, o de las ciudades al campo, o a otros países. Su inestabilidad social traslada al proletariado, en el que ha caído desde un punto de vista social, la desilusión en la vida social, la búsqueda del interés individual, el desinterés por lo que ocurre en las casas vecinas, en las ciudades cercanas y en otros países, en definitiva, por lo que ocurre «a los demás»; o bien, en la búsqueda de una fuerza social que, como «clase» no posee, tiende a involucrar a grupos proletarios para dirigir su ira por haber perdido los privilegios de antaño contra los símbolos del poder de la gran burguesía, combinándola con una actividad que ponga de relieve su insatisfacción y, al mismo tiempo, descargue con violencia el resentimiento acumulado a lo largo del tiempo por haber perdido los privilegios que la hacían sentir más protegida y segura. Esta actitud siempre ha sido perjudicial para el proletariado porque lo empuja a compartir ese tipo de ira, siempre muy individual y limitada a lo que ocurre en la vida personal, y a alejarse de una comunidad de intereses que son específicamente proletarios y, por lo tanto, no individuales sino de clase. Sin embargo, al mismo tiempo, esa actitud pequeñoburguesa favorece el poder de la gran burguesía porque, por un lado, apaga el impulso clasista del proletariado y, por otro, da pie a todas las medidas de «seguridad» necesarias para el orden establecido para aumentar el control social en general y el control sobre el proletariado en particular.

El quid de la cuestión social no radica en la conquista de más o menos espacio para los centros sociales, aunque en la actualidad y ante la casi total ausencia de movimientos de huelga que den oxígeno a la lucha proletaria y, sobre todo, de luchas clasistas del proletariado, la supervivencia de centros sociales como Leoncavallo, Askatasuna y otros similares representa una forma de no aceptar pasivamente la presión y la represión del poder burgués. Como centros de reunión del barrio y de la ciudad, representan indiscutiblemente un punto de referencia de defensa contra la despoblación y la renuncia absoluta a reaccionar ante los constantes abusos de una sociedad que pasa sistemáticamente por encima de las necesidades inmediatas de la gente —por no hablar de las futuras— con la delicadeza de una excavadora. Pero el proletariado necesita algo más, necesita reconocerse como clase, ciertamente antagónica a la clase burguesa tanto en el plano de los intereses inmediatos como, sobre todo, en el plano de los intereses generales y futuros. Pero el antagonismo de clase del proletariado es completamente diferente del antagonismo anarquista individualista, aunque sea «insurreccionalista», porque no solo está generado por las condiciones materiales en las que la clase proletaria ha sido creada por la burguesía y en las que la propia burguesía intenta mantenerla por todos los medios; el antagonismo proletario está directamente relacionado con los grandes objetivos históricos de clase del proletariado, objetivos que se resumen en la superación definitiva de la sociedad dividida en clases, por lo tanto, en el establecimiento de todos aquellos pasos históricos revolucionarios que desembocarán en la destrucción de la sociedad dividida en clases y en la fundación de la sociedad sin clases, en la sociedad de la especie. La clase burguesa sabe perfectamente que el proletariado solo podrá alcanzar este objetivo histórico a través de la lucha de clases elevada a una revolución que, inevitablemente, no podrá limitarse a las fronteras nacionales establecidas por las clases burguesas dominantes, sino que será inexorablemente internacional, al igual que se ha internacionalizado el mercado burgués y se ha internacionalizado el modo de producción capitalista.

Para alcanzar la percepción de esta inmensa tarea histórica, el proletariado deberá volver a pisar —como ya lo hizo durante la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, y antes aún durante la Comuna de París de 1871— el terreno de la lucha de clases, la única lucha que tiene como resultado la toma revolucionaria del poder político central y el establecimiento de su propia dictadura de clase una vez destruida la dictadura de la clase burguesa. No hay alternativas para el proletariado, lo demuestra la propia historia de sus derrotas, al igual que demuestra que, en ausencia de su partido de clase como única guía revolucionaria y como único partido que ejercerá la dictadura proletaria, firmes en la teoría revolucionaria marxista y en la línea política que de ella se deriva— está destinado a pasar otras décadas en condiciones de esclavitud salarial de las que, ya a partir de las luchas en defensa de sus condiciones económicas, intenta salir para emanciparse, finalmente, por completo.

Los comunistas, si no trabajan con vistas a estos grandes objetivos históricos, como lo hicieron Marx, Engels, Lenin y todos los revolucionarios que los siguieron sin desviarse del camino histórico indicado, no son revolucionarios. Y, por lo tanto, no son comunistas.   

(*) Las noticias aquí recogidas proceden de los siguientes sitios web: https://www.magazine.it/torino-vivere-mille-vite-a-vanchigliaa; https://www.famigliacristiana.it/attualita/italia/che-cose-askatasuna-perche-si-chiama-cosi-le-tappe-di-una-storia-a-due-facce-ic70w5d; https://www.torinotoday.it/ cronaca/ perquisizione- askatasuna- 18-dicembre-2025-chiuso-regina-margherita-gtt-interrotto-patto-sgombero-idranti-scontri-feriti-agenti.htmlt; También en «Il Fatto Quotidiano» del 2, 3 y 4 de febrero de 2026 y en «La Repubblica» del 6 de febrero de 2026.

(1) RAF: Rote Armee Fraktion (Banda Baader-Meinhof), formada en 1970; AD: Action Direct, formada en 1979; BR: Brigadas Rojas, el grupo terrorista más conocido y longevo, fundado formalmente en 1970.

10 de febrero de 2026

Partido Comunista Internacional

Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

www.pcint.org

Italia: Bajo el lema «Bloqueemos todo», cientos de miles de manifestantes salieron a las calles de más de 80 ciudades italianas para protestar contra el exterminio de los palestinos en Gaza y la economía de guerra.

El lunes 22 de septiembre, la USB convocó una huelga general, a la que se sumaron los sindicatos de base Adl Cobas, Cobas, Cub y Sgb. Esta iniciativa contó con la participación de trabajadores de los puertos, el transporte, la sanidad, la logística, una amplia gama de empresas públicas y privadas, incluso autónomos y, por supuesto, un gran número de jóvenes estudiantes, universitarios y profesores —ya protagonistas de las manifestaciones a favor de Palestina de los últimos meses—, hasta el punto de que varios medios de comunicación informaron de un total de cientos de miles de participantes que salieron a las calles en más de 80 ciudades italianas.

«Bloqueamos todo» era el lema de los portuarios de Génova que se negaron (de hecho, desde 2019) a cargar armas y municiones procedentes de Estados Unidos, el norte de Europa y la propia Italia en barcos con destino a Israel, pero también a Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. El ejemplo de Génova fue seguido por los portuarios de Rávena, Livorno, Salerno, La Spezia y Trieste. El pasado mes de junio, por ejemplo, en Rávena, dos contenedores llenos de municiones transportados en camión desde Austria fueron cargados en un barco con destino a Israel sin ninguna autorización oficial, poniendo en peligro la vida de los portuarios, que no habían sido informados del peligroso cargamento. Lo mismo estuvo a punto de ocurrir en Marsella, pero los portuarios franceses hicieron sentir su presencia bloqueando un envío de municiones en el barco «Contship Era», con destino a Israel y que debía hacer escala en Génova y Salerno antes de llegar al puerto de Haifa.

Estas iniciativas, de clara naturaleza proletaria, demuestran que el proletariado se opone a la guerra y, más aún, al exterminio de la población civil de Gaza. Su objetivo es presionar al gobierno central para que intervenga contra la guerra y el exterminio de poblaciones indefensas. Pero el gobierno de Meloni, al igual que los gobiernos anteriores, sigue su propio camino, que es salvar y defender a las empresas, mantener buenas relaciones con cualquier otro gobierno —no importa si tiene las manos manchadas de sangre inocente— con el fin de defender y aumentar sus intereses económicos y políticos. Inevitablemente, en ausencia de sindicatos de clase que lideren las luchas proletarias con objetivos, medios y métodos mucho más incisivos en detrimento de la industria bélica y de la cobertura política y administrativa que esta siempre consigue obtener en todas las fases necesarias para finalizar sus beneficios, estas iniciativas están destinadas a tener solo un impacto muy superficial, aunque dan testimonio de un impulso espontáneo del proletariado para movilizarse contra una guerra que está mostrando todos sus horrores contra toda una población indefensa; un impulso que, en realidad, es sistemáticamente canalizado hacia el terreno de la democracia más respetuosa por todas las organizaciones sindicales actuales y, por supuesto, por todos los partidos llamados «de izquierda» que siguen burlándose de las masas electorales repitiendo el manido e ilusorio estribillo de «dos pueblos, dos Estados», algo que, en los ochenta años transcurridos desde la fundación del Estado de Israel, ninguna potencia mundial ha querido o permitido realmente, a pesar de las declaraciones oficiales.

Las manifestaciones pro palestinas, sobre todo estudiantiles, que se han celebrado en los últimos dos años han expresado un profundo malestar por un conflicto que ha visto a las organizaciones guerrilleras palestinas enfrentarse una vez más al ejército israelí, que siempre ha tenido la actitud intrínseca de tratar a toda la población palestina como «terroristas» o «partidarios del terrorismo antisemita». Esta actitud no ha cambiado tras el ataque lanzado por los militantes de Hamás el 7 de octubre de 2023 contra los kibutz en la frontera con Gaza, que causó más de 1200 muertos y el secuestro de más de 200 rehenes llevados a Gaza como «moneda de cambio» por los palestinos detenidos desde hace años en las cárceles israelíes. De hecho, ese ataque de Hamás, que tomó por sorpresa a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que no esperaban un ataque tan organizado y a gran escala, pareció inmediatamente una oportunidad que Israel aprovechó, ya que el 8 de octubre ya era capaz de desplazar sus fuerzas armadas hacia Gaza con la intención no solo de golpear duramente a los militantes de Hamás y traer de vuelta a los rehenes, sino también de someter a toda la población de Gaza a una represión sin precedentes. Pronto quedó claro, y el Gobierno de Netanyahu lo reveló gradualmente, que el objetivo de la invasión israelí de la Franja de Gaza no era solo traer de vuelta a los rehenes y diezmar a los militantes de Hamás, sino también diezmar a la población de la Franja para anexionar ésta a Israel, acabando con cualquier ambición lejana de un Estado palestino independiente.

El hecho es que el horror de la guerra librada contra una población indefensa —arrasando todo lo que se asemejaba a un refugio, bombardeando sistemáticamente a las masas desplazadas que vagaban de norte a sur y de sur a norte, masacrando sin piedad a mujeres y niños, destruyendo hospitales, escuelas, casas, devastando campos y matando de hambre cínicamente a toda una población —ha entrado en todos los hogares a través de la televisión, de una manera que ni siquiera ocurrió con la guerra en Ucrania. Y mientras los periódicos de todo el mundo publicaban en primera plana las fotos de la destrucción y los horrores en Gaza y las transmisiones televisivas en directo, crecía la ira tanto por la inercia de los gobiernos ante este exterminio como por la impotencia de las protestas, que a menudo parecían procesiones, incluso cuando eran obstaculizadas por la policía. Algunos gobiernos, como los de Francia, España, Reino Unido, Australia y otros, retomaron la retórica grandilocuente del «reconocimiento del Estado de Palestina», sin, por supuesto, haber hecho ni hacer nada concreto que pudiera servir para que naciera. Por ejemplo, bloquear las iniciativas sistemáticamente contrarias al establecimiento del Estado palestino por parte de Israel, con el que, por el contrario, los negocios siempre han ido viento en popa.

La huelga y las diversas manifestaciones comenzaron en el puerto de Livorno y continuaron con el bloqueo de las universidades de Roma, Turín, Bolonia y Brescia; a las 9 de la mañana del lunes 22, comenzó un imponente bloqueo en el puerto de Salerno, seguido de manifestaciones en Bolonia, el bloqueo del puerto de Génova, una manifestación compuesta por miles de participantes, muchos de ellos muy jóvenes, en Florencia, que se dirigió a la sede local de Leonardo, y luego la gran manifestación en Milán con más de 10.000 participantes, bajo una lluvia torrencial, mientras que en Bolonia la manifestación iba creciendo hasta alcanzar más de 50.000 participantes. En Pisa, miles de personas llegaron a la autopista Florencia-Pisa-Livorno y la bloquearon; en Marghera, los portuarios bloquearon el puerto; en Roma, 20.000 participantes llegaron a la estación Termini y la bloquearon, mientras que, en Turín, pasadas las 13:00, la manifestación invadió las vías de la estación de Porta Nuova. En Milán, la manifestación, tras recorrer buena parte de las calles del centro, llegó, alrededor de las 13:00, a la plaza de la Estación Central; el objetivo era entrar en la estación, ocupar las vías y bloquear los trenes que salían y llegaban; pero la policía, desplegada en defensa de la sagrada propiedad privada de los ferrocarriles, cerró las puertas de hierro de los accesos a la estación e impidió por la fuerza que los manifestantes continuaran con su intención, bloqueándolos y maltratándolos incluso en las escaleras del metro que conducen a la estación; también por la fuerza, un numeroso grupo de manifestantes intentó romper el cordón policial, mientras que varios miles de manifestantes permanecían en la plaza frente a la estación; se produjeron violentos enfrentamientos y, al final, la crónica habla de 60 policías entre contusionados y heridos y una decena de manifestantes detenidos. Más de 40.000 personas se manifestaron en Nápoles para bloquear la estación de tren y entrar también en el puerto y, posteriormente, en Bagnoli, mientras el presidente Mattarella inauguraba el año escolar. Por la tarde, las manifestaciones continuaron un poco por todas partes: enfrentamientos en Bolonia con manifestantes que bloqueaban la autopista; en Milán, donde los manifestantes seguían asediando la Estación Central, mientras que en Roma no menos de 100.000 personas se manifestaban pasando por Scalo San Lorenzo para llegar a la tangente este; en Bolonia, enfrentamientos en vía Stalingrado, cerca de la feria Cersaie, que debía comenzar hoy, y de nuevo en Milán, en vía Vittor Pisani, frente a la estación central, donde la policía intentaba tomar por la espalda lo que quedaba de la manifestación. Pasadas las 16:00, en Marghera la policía seguía interviniendo para impedir que la manifestación entrara en el puerto, mientras que en Catania los manifestantes, a pesar de las cargas policiales, lograron bloquear el puerto, y en Palermo unas 30.000 personas se manifestaban con bloqueos de carreteras impidiendo el acceso al puerto; en Turín se bloqueó el acceso a la autopista Turín-Savona, mientras que en Bolonia decenas de miles de manifestantes que se dirigían hacia Bolognina fueron bloqueados por la policía, que detuvo a ocho personas; tres manifestantes acabaron en el hospital tras las cargas y dos mil se dirigieron a la comisaría para reclamar la liberación de los detenidos. Mientras tanto, en Roma, una enorme manifestación entró en la Universidad La Sapienza y ocupó la Facultad de Letras exigiendo la suspensión de todo acuerdo con Israel. A las 19:00 horas, las manifestaciones continuaban en muchas ciudades: en Brescia, Turín, Génova, Bérgamo y de nuevo en Milán, mientras que en Bolonia al menos 4.000 personas se concentraban en la zona de la comisaría para pedir la liberación de los detenidos (de los cuales al menos cuatro serán juzgados en juicio sumario). Pasadas las 20:00 horas, en Brescia, en la plaza de la República, se renovaron los enfrentamientos con la policía, que impedía a la manifestación, formada principalmente por jóvenes, llegar a la estación de tren, intento que finalmente se abandonó para dar por concluida la jornada de manifestaciones, pero quedando citados para el próximo sábado 27 de septiembre.

Hemos querido recoger algunas noticias extraídas de los medios de comunicación y, en particular, de Radio Onda d'Urto de Brescia, para documentar una participación en las manifestaciones de protesta y en la huelga que no se había producido desde hacía años.

El descontento general provocado por años de trabajo precario, fatigoso y mal remunerado, por la incertidumbre sobre el futuro, por un empobrecimiento cada vez más generalizado frente al aumento constante de los beneficios capitalistas, hoy más que ayer gracias al negocio de las armas, frente a un recorte constante de los amortiguadores sociales y un aumento, debidamente disimulado, de los impuestos sobre los salarios y el coste de la vida, tenía que encontrar una vía de escape, una forma de hacerse notar y de lanzar al poder establecido que, al tomar la escena, es la ira por una situación general intolerable. El hecho de que las manifestaciones de jóvenes, estudiantes y familias hayan reforzado la presencia en las calles de los trabajadores en huelga es un signo de una intolerancia generalizada que podría dar lugar a una nueva temporada de protestas como ya ocurrió en los años setenta del siglo pasado. Hoy en día, son los sindicatos de base el tipo de organizaciones sindicales a las que recurren las capas proletarias más combativas para tener más fuerza en sus acciones de huelga, mientras que los sindicatos tradicionales siguen logrando, gracias a su obstinado colaboracionismo con la clase dominante burguesa, llevar a cabo su sucio trabajo de división y parálisis de las luchas obreras.

Las masas proletarias y populares esperaban que el Gobierno de Roma tomara alguna iniciativa seria y concreta para demostrar que no era cómplice del exterminio de los palestinos de Gaza; no faltó, por supuesto, la voz del papa León XIV con sus letanías sobre una paz que, tanto en Ucrania como en Gaza, en lugar de acercarse, se aleja cada vez más. Pero las últimas decisiones en la sede europea de correr al rearme con el pretexto de una posible «invasión» por parte de Rusia y de ceder a la petición de la poderosa América de aumentar al 5 % de su PIB la contribución en armas que cada miembro de la OTAN está ahora obligado a respetar, difundiendo un clima de guerra inminente, han arrancado a una parte del proletariado de una especie de somnolencia drogada y de la sensación muy real de la impotencia de los debates parlamentarios y de las disputas verbales y televisivas entre gobernantes y oposición, empujándola a salir a la calle para manifestar su intolerancia, su insatisfacción y su humanidad que, gobernantes y opositores parlamentarios, cínicos charlatanes como son, demuestran utilizar en beneficio exclusivo de sus privilegios de clase política: con la excusa de estar en un país civilizado y democrático, cualquier iniciativa, cualquier actividad, cualquier propósito se canaliza en los meandros de la política parlamentaria como si ésta pudiera resolver los problemas sociales que, en cambio, dependen directamente de la economía capitalista, de su funcionamiento y de los intereses que toda la clase política pretende preservar a pesar de que masas cada vez más amplias caen en la pobreza y la indigencia. El parlamento ya no es sólo una noria de palabras, como decían Lenin y Trotsky, sino que se ha convertido en un instrumento de defensa exclusiva de los privilegios de la clase política parlamentaria, presentado engañosamente como el único lugar en el que es posible, gracias a las diferentes mayorías electorales, mantener o cambiar las «decisiones políticas» que en él se toman. La realidad es que todas las decisiones importantes para la vida social se toman fuera de las salas parlamentarias, en las salas secretas donde los representantes de los poderes económicos, sociales, políticos, culturales y religiosos conspiran, llegan a acuerdos, establecen pactos y alianzas, intercambian favores, endurecen algunas posiciones y suavizan otras. Y es cierto que, entre todas las decisiones que se toman, una de ellas se refiere al control social, al control de las masas proletarias. Tuvimos una muestra de esta realidad durante el periodo de la Covid-19, y ahora tenemos otra con la amenaza inminente de una guerra que también podría afectar a Italia. El proletariado es la única clase social que tiene un poder potencialmente enorme en sus manos: detener la producción, el transporte, las comunicaciones, el comercio y los servicios públicos, incluida la educación y la sanidad, y no durante una hora o unas pocas horas, de forma «articulada», al final de cada turno, ahora en una fábrica, ahora en otra, sino de manera más general, hasta el final, sin previo aviso, organizándose para resistir en el tiempo y para obtener la solidaridad de los proletarios de los diferentes sectores económicos, su acción de clase puede influir efectivamente en la situación y en la política del gobierno. El capital vive y prospera gracias a la explotación diaria de las masas proletarias, a su explotación intensiva y, sobre todo, a la competencia entre los trabajadores; el capital vive y prospera gracias a la colaboración de clase, para la cual se recluta a sindicatos y partidos «obreros» a cambio de prebendas y privilegios económicos y sociales. Y éste es el mayor obstáculo que encuentran los proletarios en su camino hacia la emancipación de ser considerados y tratados como una mercancía que, cuando está gastada o no sirve para el negocio, simplemente se tira a la basura y se convierte en basura inútil difícilmente reciclable.

Hacer huelga contra el rearme y contra la guerra es un acto político de gran relevancia, y es cierto que los promotores de esta huelga pretendían diferenciarse de las habituales e impotentes manifestaciones -procesión, elevando la huelga a símbolo de una oposición generalizada no solo frente a condiciones de vida y de trabajo intolerables, sino también de solidaridad con un pueblo condenado al exterminio por parte de un Estado, como el de Israel, que normalmente goza de la confianza y el apoyo de todas las democracias occidentales, empezando por Estados Unidos y terminando, por supuesto, también por Italia.

Pero una huelga política de tal envergadura, si no se basa en una recuperación efectiva de la lucha de clases del proletariado, es decir, en una lucha no episódica, que ponga en el centro las reivindicaciones de defensa exclusiva de los intereses de clase proletarios —por lo tanto, fuera de los juegos parlamentarios, tanto a nivel nacional como regional o municipal, y contra cualquier colaboración interclasista—, está condenada, en el mejor de los casos, a seguir siendo una acción simbólica que, en realidad, no cambia absolutamente nada. La fuerza de la clase dominante burguesa no solo se debe al hecho de ser propietaria de todos los medios de producción y, sobre todo, de toda la riqueza nacional producida, excluyendo a los proletarios de cualquier recurso que no sea el de sus brazos, sino también por la imposibilidad de la clase proletaria de reconocerse como clase independiente, totalmente antagónica a cualquier otra clase social y, en particular, a la clase burguesa capitalista, a través de la política de colaboración interclasista. Esta política degrada los intereses específicos del proletariado ahogándolos en los intereses burgueses y capitalistas, que inevitablemente adquieren la característica de interés «superior», nacional, cuando en realidad son exclusivamente intereses de la economía capitalista, es decir, burguesa. Para que su lucha tenga un sentido positivo con respecto a sus intereses de clase, los proletarios deben liberarse de los lazos y ataduras que los vinculan a la economía empresarial, a la economía nacional, a una patria que protege todo menos la vida de los proletarios y que siempre está dispuesta a imponerles sacrificios para aumentar la competitividad de los productos nacionales y vencer a la competencia extranjera, hasta el punto de imponerles el sacrificio de la vida, que, desde las muertes, las discapacidades y las enfermedades contraídas en el trabajo, llega a la muerte y a las masacres en las guerras burguesas e imperialistas.

El proletariado no llegará de repente, de forma inesperada, a romper con la colaboración de clase y luchar solo por sí mismo. Llegará a ello empezando a romper y desgarrar ahora en un lugar y ahora en otro ese maldito vínculo; llegará a ello con algunos avances para luego detenerse y retroceder y, posteriormente, reanudar la lucha con medios y métodos clasistas, acumulando experiencia y organizando finalmente sus fuerzas en el terreno exclusivamente de clase. Todavía se necesitará tiempo, intentos, derrotas, decepciones, pero para que los intereses de clase proletarios se impongan en el propio proletariado es necesario que la crisis económica y social a la que se encamina inevitablemente el capitalismo sacuda los cimientos del edificio económico y social sobre el que se construye el poder político de la burguesía. Entonces, incluso las iniciativas humanitarias, como la de la Flotilla Global Sumud, o de Emergency o de Médicos sin Fronteras, cobrarán un sentido completamente diferente, porque en lugar de invocar la piedad de las clases burguesas que dirigen Estados asesinos, belicistas y opresores —consolidando así, aunque sin quererlo, el poder burgués asesino, belicista y opresor—, se pondrán al servicio de la lucha de clases proletaria y de su revolución, cuyo objetivo principal es la destrucción del Estado burgués como tal —ya sea democrático o autoritario, dictatorial o fascista que sea— para sustituirlo por un organismo estatal exclusivamente proletario cuyo objetivo principal es tanto transformar la economía mercantil y capitalista en economía social, como expandir la revolución antiburguesa y anticapitalista a todos los países del mundo.

Hoy en día, estos objetivos parecen ilusorios, utópicos, irrealizables, por lo que quienes quieren hacer algo ya hoy para ayudar a los hambrientos, los desamparados, los oprimidos, los supervivientes de guerras y devastaciones, parecen no tener otra alternativa que la fuerza de voluntad individual para echar una mano, para llevar ayuda a las poblaciones desafortunadas... y así se tranquiliza la conciencia individual con la esperanza de que esa «desgracia» no le ocurra a quien en ese momento no la sufre. El ser humano es un animal social, por lo que la tendencia a socorrer a quienes están en dificultades forma parte de esta sociabilidad humanitaria. Pero también es el único animal que, desde que existen las sociedades divididas en clases, mata a sus semejantes no por necesidad de supervivencia, sino por puro interés material, por supremacía, por poder, por defender la propiedad privada y sus propios negocios. Sólo una sociedad sin clases, es decir, el comunismo marxista, será aquella en la que el ser humano volverá a ser únicamente un animal social, como en el comunismo primitivo, dotado además de una experiencia y una capacidad laboral y productiva madurada en las sociedades divididas en clases, pero que estas mismas sociedades, y sobre todo la sociedad capitalista, han obstaculizado y desviado sistemáticamente hacia fines privados e individuales.

El camino que deberá recorrer el proletariado está plagado de dificultades, trampas, obstáculos, ilusiones, derrotas, decepciones, pero también de experiencias estimulantes y reconfortantes; por otra parte, está marcado por la propia historia de la humanidad: el animal social vencerá al animal sanguinario e individualista. La lucha será muy dura, la más dura que la sociedad humana haya conocido hasta ahora, pero será la lucha que cerrará la larga era de la prehistoria humana y abrirá la verdadera historia de la humanidad.

23 de septiembre de 2025

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Nápoles, desde Scampia se alza una llamada a la lucha clasista contra un sistema económico y social que únicamente trae consigo destrucción y muerte.

En la noche del 22 al 23 de julio, en Scampia, un barrio al norte de Nápoles, se derrumbó un balcón en el tercer piso de la llamada Vela celeste, arrastrando a otros dos balcones del segundo y el primer piso, afectando a algunas personas que entraban en su casa. El ruido llevó a los vecinos a acudir al lugar. Excavaron entre los escombros para recoger a la mayor cantidad de heridos posible, niños en su mayoría, y llevándolos al puesto de socorro más cercando, haciendo el trabajo de las ambulancias que tardaron en llegar 20 minutos. Los bomberos llegaron media hora después del derrumbe. El balance, por el momento, es de tres muertos y doce heridos.

La situación ruinosa de los edificios, sobre todo las Velas, invadidos por basura y ratones, ha sido denunciada en varias ocasiones, desde 2016, en la prensa, pero las infiltraciones de agua, tanto de los puntales del acueducto como de la lluvia, han comenzado a corroer el hierro y el cemento de los balcones y de las escaleras de manera irreversible desde hace años. Por lo tanto, este desastre era sólo cuestión de tiempo.

Del gobierno y de las instituciones locales sólo han llegado falsas solidaridad y condolencias. Banderas a media asta en los ayuntamientos de Nápoles para decretar el luto de las ciudades en el momento de los funerales de las víctimas. Cínicamente, cierta prensa alude a un presunto aumento de peso concentrándose en los balcones mientras tenía lugar una pelea entre dos familias rivales, contribuyendo a que el balcón cediese.

No hay ninguna relación entre los trabajos ya realizados en la Vela y el derrumbe. Lo ha precisado el concejal Gaetano Manfredi, en una conferencia que tuvo lugar en el Palacio San Giacomo para hacer balance de la situación. Los trabajos habían comenzado al empezar este año en el piso bajo con la eliminación de residuos y partes deterioradas -explicó- así que no hay ninguna relación con los trabajos que se están haciendo, pero obviamente hay una investigación en curso y las autoridades nombrarán a los peritos para averiguar la dinámica exacta del derrumbe”

La opinión de algunos vecinos es diferente, ya que consideran que las vibraciones provocadas por las obras en curso suponen una carga adicional para la estructura.

La rabia de los habitantes de la Vela no se hizo esperar. Habían denunciado durante años el estado de abandono en el cual se encuentran y saben perfectamente que las responsables son las instituciones que ya no son capaces de engañarlos. La mañana posterior los mismos habitantes ocuparon la universidad Federico II – Complejo Scampia. Exigen que se asegure el edificio y su inmediata reestructuración, esperada ya desde hace años.

Scampia es un barrio gueto habitado básicamente por proletarios y sub proletarios. Abandonados, como los edificios, se las apañan de cualquier manera para ganarse la vida. El arte de ganarse la vida es histórico en Nápoles. Un estrato minoritario se ve llevado a realizar actividades ilegales para poder sobrevivir, como sucede, por otro lado, en todas las metrópolis capitalistas. Si, por un lado, este barrio es criminalizado por la prensa del régimen y a través de las películas, por otro lado, es objeto de una cierta política cosmética que da esperanzas e ilusiona a los proletarios cubriendo y mistificando la responsabilidad de las instituciones locales y nacionales.

Ha habido solidaridad por parte de muchos ciudadanos, pero sobre todo por parte de los “desocupados 7 de noviembre” que, junto a los “desocupados de los astilleros de Scampia” han ido al lugar a repartir bienes de primera necesidad después de haberlos recogido entre los mismos desocupados.

No habrá, como siempre, responsables a los que condenar. La pugna se prolongará entre el poder judicial y los medios de comunicación de masas que intentarán confundir a los proletarios con montañas de palabrería. Los proletarios, por desgracia, seguirán siendo víctimas predestinadas y carne de matadero como los numerosos hermanos de clase que murieron en el trabajo.

El principal responsable es el capitalismo y su sistema de beneficio que no tiene en cuenta las exigencias reales de los seres humanos, mucho menos de los proletarios, explotados, miserables y destinados a la masacre desde su nacimiento. Pero los proletarios poseen una fuerza que desconocen y que todas las fuerzas de conservación social y del oportunismo mistifican desviándola sobre el terreno de la democracia y de la búsqueda de puntos en común con la clase de los explotadores: es la fuerza del número, pero sólo si se organiza sobre el único terreno en el cual esta fuerza se puede manifestar en toda su amplitud y potencia: el terreno de la lucha de clase sobre el cual no se admite “comunidad de intereses” o puntos de vista compartidos. El terreno de la lucha de clase ve al proletariado organizado más allá de las divisiones que hay entre ocupados y desocupados, entre categorías y sectores, entre autóctonos e inmigrantes, entre hombres y mujeres, entre jóvenes y viejos; organizado con el objetivo de defender exclusivamente sus propios intereses luchado contra la explotación cotidiana bajo cualquier forma, legal o ilegal, privada o pública, nacional o internacional. Pero no se puede luchar sobre este terreno si no se organiza de manera completamente al margen de las instituciones, de los partidos y de las fuerzas sociales involucradas en la defensa del actual sistema económico y social; si no se organiza en torno a reivindicaciones que unan a los proletarios de cualquier condición social y usando medios y métodos de la lucha clasista que tienen el objetivo de romper una falsa paz social -falsa porque para los proletarios y su vida no hay nunca paz- y de unir a todos los proletarios en una lucha que, por su propia naturaleza de contraponerse de manera antagonista a los intereses inmediatos y futuros de la clase burguesa dominante, no podrá detenerse en objetivos inmediatos, aunque comenzará a desarrollarse a partir de éstos, sino que se fijará la perspectiva de acabar con el capitalismo, con su sociedad de explotación y muerte defendida, por los puros intereses de casta y privilegio, por todos aquellos que forman las instituciones y que hablan de verdad y justicia, que son los primeros en falsear, desconocer y tergiversar.

La verdadera solidaridad con los proletarios de Scampia, y con los proletarios en todas las situaciones en las que el paro, la degradación, la miseria y la marginación constituyen el entorno social al que han sido arrojados por el sistema capitalista y la política antiproletaria, se expresa en la lucha de clases, en la lucha por esta lucha tanto en el plano inmediato como en el plano político más amplio.

- Contra la marginación, la degradación y la matanza continua de los proletarios en sus hogares en ruinas, así como en sus lugares de trabajo.

- Contra las falsas promesas de «justicia social» y la culpabilización de la degradación y la miseria sobre los hombros de los proletarios obligados a vivir en la degradación y la miseria.

-Contra las ilusiones de poder mejorar su vida de proletarios pidiendo a las mismas instituciones, corresponsables de la degradación, la miseria y la explotación bestial de las masas proletarias, que intervengan a favor de la vida cotidiana de los proletarios.

El camino a tomar es el de la organización de la lucha de clases, de una lucha que ya no crea en las promesas de las instituciones, que ya no crea que las cosas para los proletarios mejorarán gracias al «crecimiento económico» (que sólo significa superexplotación para los proletarios empleados o «empleables») y a la atención que los gobiernos locales y centrales prestarán a los millones de problemas y desgracias que llenan la vida cotidiana de millones de proletarios. El camino a seguir es exactamente el contrario al que indican los gobiernos burgueses, los partidos falsamente obreros y de «izquierdas» y los sindicatos colaboracionistas que no tienen otro objetivo que defender y reforzar sus privilegios, sus posiciones sociales a costa de la vida de las masas proletarias.

Los muertos de hoy en Scampia y la miseria que caracteriza la vida de los proletarios de Scampia pasarán de las primeras páginas de los telediarios a las últimas y luego al olvido, siguiendo el camino de los miles de muertos en el trabajo, de los muertos por derrumbes de edificios, puentes y casas mal construidas en relación con los terremotos, y que a la burguesía sólo le interesan cuando no puede prescindir de ellos y en todo caso con el objetivo de «pasar página», de olvidar esas «desgracias» que nunca son desgracias porque son causadas precisamente por la gestión económica y social de los beneficios capitalistas.

- ¡Solidaridad con los proletarios de Scampia!

- ¡Su lucha es nuestra lucha!

- ¡Por la reanudación de la lucha de clase de los proletarios por encima de las divisiones entre empleados y desempleados, nativos e inmigrantes, trabajadores contratados y trabajadores en negro!

- ¡Por la organización de clase y la defensa exclusiva de los intereses de clase del proletariado, fuera y contra toda colaboración interclasista!

- ¡No a la paz social, sí a la lucha de clases!

- ¡Por la reconstitución nacional e internacional del partido comunista revolucionario, único verdadero dirigente de la lucha de clases proletaria anticapitalista y antiburguesa! 

 25 julio 2024 

Partido Comunista Internacional (El proletario)   -    https://www.pcint.org/01_Positions/01_04_es/240725_napoles-scampia.htm

Contra el pasaporte Covid obligatorio para todos los trabajadores

Desde hace algún tiempo, las organizaciones de extrema derecha, entre las que se encuentra "Forza Nuova", una conocida formación fascista, se están movilizando, tratando de ponerse a la cabeza del heterogéneo movimiento unido por la oposición a las medidas restrictivas con las que el gobierno ha caracterizado, en un breve periodo de tiempo, su "lucha contra el Covid-19", que finalmente se ha centrado en la vasta campaña de vacunación formalmente "no obligatoria", pero de hecho impuesta a todos los niveles, como ha demostrado ampliamente la introducción del pasaporte Covid.

Estas medidas han previsto sanciones cada vez más duras contra quienes no se vacunen, empezando por los médicos y las enfermeras, siguiendo por el personal escolar y los estudiantes, y finalmente, con el último decreto, la suspensión de los salarios de todos los trabajadores que no tengan el pasaporte Covid, obligatorio desde el 15 de octubre para acceder al trabajo, actualmente hasta el 31 de diciembre de 2021, día en que expira el estado de emergencia decretado por el Gobierno. Es una multa vejatoria contra los trabajadores que no se vacunan, no porque tengan miedo a la inyección, no porque sean no-vax por principio, sino porque expresan con esta negativa una profunda desconfianza en la gestión de la pandemia y de la sanidad por parte del gobierno, en un sistema de imposición dictado por los intereses económicos de las grandes multinacionales químico-farmacéuticas y porque perciben en estas medidas un mayor control social por parte de la clase dominante. 

Los trabajadores en Italia, según las estadísticas que incluyen tanto a los asalariados como a los autónomos (es decir, los números de IVA) son unos 23 millones. De ellos, más de 5 millones y medio (datos de las estadísticas oficiales publicadas el 8 de octubre) no han sido vacunados. La presión del Gobierno para que el 80% de la población estuviera vacunada antes de septiembre (resultado que no se ha conseguido) y el 100% de la población vacunada (como se acordó en 2014 con las instituciones internacionales) antes de final de año, ante la amplia oposición de gran parte de la población a la vacunación, se ha dotado de un medio de chantaje adicional consistente en la suspensión de los salarios de todos los trabajadores que no quisieran vacunarse. Vincular esta medida a la congelación simultánea de los despidos de estos trabajadores es una pista falsa con la que se pretende engañar a los trabajadores por enésima vez: ¡es la zanahoria prometida tras el fuerte varapalo!

En varias ciudades, y especialmente en Roma y Milán, varios miles de personas salieron a la calle el sábado 9 de octubre para manifestarse contra el pasaporte Covid.

Lo que causó revuelo ese día fue el asalto a la sede nacional de la CGIL en Roma por un grupo de militantes de "Forza Nuova" apoyados por unos mil manifestantes. Enseguida quedó claro que este asalto había sido organizado, al igual que una iniciativa similar dirigida al Palazzo Chigi, el edificio del gobierno. Mientras que los pocos policías que había a la entrada de la sede de la CGIL fueron superados con facilidad y las oficinas internas de la CGIL quedaron destrozadas, el Palazzo Chigi estaba algo mejor vigilado y los manifestantes no pudieron entrar.

Por supuesto, todas las fuerzas democráticas en el gobierno gritaron "no a la violencia, venga de donde venga"; hubo quienes advirtieron contra el fascismo que asoma la cabeza, quienes equipararon la violencia fascista con la de los manifestantes del no-TVA y el no-VAX, y quienes intentaron establecer un paralelismo entre los manifestantes de la derecha en Roma que gritaron "no gren pass" y los manifestantes dirigidos por los sindicatos de base que gritaron "sindicatos servidores de la patronal". También hubo invectivas contra el gobierno y el Ministro del Interior en particular por no haber previsto los disturbios, dado que en la plaza de Roma había militantes de Forza Nuova y sus dirigentes que eran bien conocidos por la policía.

En respuesta a la violencia de las medidas gubernamentales resumidas en el "pasaporte Covid", la multitud pequeñoburguesa, llena de ira e impulsada por un malestar generalizado, interesada en involucrar al proletariado en sus protestas, se dirigió a golpear los símbolos que representaban esa violencia: el edificio del gobierno y el principal sindicato italiano, aprovechando la imposición del pasaporte Covid también para todos los trabajadores.

¿Por qué atacar la sede nacional de la CGIL en Roma? La CGIL, junto con los otros sindicatos CISL y UIL, se ha puesto inmediatamente del lado del gobierno en la campaña de vacunas y en el establecimiento del pasaporte Covid, comparte las mismas motivaciones de Confindustria y del Gobierno en la campaña de vacunas, porque comparte plenamente el objetivo de la recuperación económica y el reinicio de la máquina del beneficio capitalista, no ha organizado ninguna huelga contra la suspensión de los salarios de los no vacunados, exigiendo en cambio un pacto con el gobierno y tampones gratuitos para los trabajadores no vacunados. Los sindicatos han sido totalmente coherentes en su labor colaboracionista y antiobrera, que vienen realizando desde la Segunda Guerra Mundial, reduciéndose a matones con mono de trabajo al servicio de los capitalistas y del poder burgués. Los sindicatos de base tienen toda la razón al llamarlos siervos de la patronal; al mismo tiempo, la extrema derecha tiene fácil señalar al triple sindicato como corresponsable de la imposición del pasaporte Covid en general, pero, al apuntar su violencia en particular al sindicato más importante, la CGIL, pretende amenazar de antemano al proletariado si quiere reaccionar con independencia de los sindicatos colaboracionistas en sus acciones de lucha y huelga. En realidad, el ataque a la CGIL no está motivado por el hecho de que sea un sindicato "de clase", como lo fue la CGL de 1921-22, que organizó al proletariado italiano en el terreno de la lucha de clases, haciéndolo permeable a la influencia del partido comunista revolucionario en la lucha por la revolución, sino que es un sindicato colaboracionista que se baja demasiado los pantalones y no defiende la "libertad de elección" de los ciudadanos, ya sean obreros, patronos o terratenientes.

Evidentemente, las fuerzas parlamentarias de izquierda y centro han lanzado sus gritos contra el "fascismo", contra el "escuadrismo", alabando la democracia y la Constitución, convirtiéndose así, por enésima vez, en altavoz de los intereses de la conservación social. Pero las mismas fuerzas parlamentarias de la derecha, la Liga y los Fratelli d'Italia en particular, se sienten obligadas a "hacer de toda la hierba un fardo", es decir, a declarar estar en contra de "toda" la violencia "que provenga de "cuatro imbéciles" y de "unos cuantos delincuentes" (Salvini), o de "los delincuentes que utilizan cualquier pretexto para ejercer una violencia grave e inaceptable" (Meloni), o de los anarquistas insurrectos o del No-Tav. El estribillo habitual "contra toda violencia" -pero no la del Estado, que en cambio debe considerarse legítima e incuestionable- es cantado de vez en cuando por cada grupo de políticos cobijados bajo las grandes alas del Estado del que dependen sus privilegios de casta, salvo para agitar las tinieblas y obtener un excedente de beneficios y medios de presión para fines privados.

Los proletarios no deben dejarse engañar por el clamor de un "antifascismo" destinado a apretar aún más las cadenas del trabajo asalariado a las exigencias cada vez más apremiantes de la ganancia capitalista; no deben dejarse engañar por los cánticos de pacifismo y de colaboración interclasista cuando la clase dominante, a través del Estado y de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales en su defensa, muestra constantemente su desprecio por la vida de los trabajadores asalariados: la demostración más llamativa son los accidentes y muertes en el trabajo por la sistemática y perenne falta de medidas de seguridad; sólo en los ocho primeros meses de 2021, según el Inail, se registraron 349 accidentes.449 (+8,5% respecto al mismo periodo de 2020) con nada menos que 772 casos mortales, es decir, ¡¡¡3 muertes al día!!!, y no de Covid-19, sino de explotación del trabajo asalariado.

Desde el principio de la pandemia quedó claro que la acción del gobierno burgués -en todos los países- trataba, por un lado, de amortiguar de alguna manera una situación que se agravaba de mes en mes y a la que se enfrentaba de forma caótica y contradictoria, y por otro, de adoptar rápidamente medidas para salvar la economía nacional y su capacidad de afrontar, si no vencer, la competencia de las economías de otros países. Para defender los intereses de la economía nacional, sumida en una crisis más profunda por la pandemia, el gobierno -que no es sorprendente que equipare la situación con una situación de "guerra"- tuvo que doblegar al proletariado a las necesidades inmediatas del capitalismo nacional. Los capitalistas sabían perfectamente que la crisis económica, que también se había agravado socialmente como consecuencia de la pandemia, podía empujar a las masas proletarias a la revuelta porque sus condiciones de vida y de trabajo, que ya se habían deteriorado considerablemente en la última década, se harían aún más duras. Los despidos, y por tanto el desempleo, aumentan, al igual que la inseguridad laboral, el trabajo mal pagado y el trabajo no declarado. Y a pesar de la paralización de muchas actividades como consecuencia de la "lucha contra la propagación de la infección por el coronavirus" y del cierre de un gran número de empresas, otras siguieron trabajando a pleno rendimiento, sometiendo a sus trabajadores a ritmos de trabajo y riesgos cada vez más severos.

La crisis económica -aparte de la tan cacareada "recuperación" de los últimos trimestres- también ha arruinado a una parte nada despreciable de la pequeña burguesía, en los sectores clásicos en los que desarrollan sus actividades (restauración, deporte, turismo, espectáculos, conciertos, pequeña distribución), sectores que inexorablemente han recibido un varapalo. Y, como suele ocurrir, son estos estratos sociales los que, a través de los partidos que manifiestan su descontento, son los primeros en expresar su enfado por su propia ruina social. Cólera que les une y les empuja a salir a la calle; cólera que se extiende también a algunas capas proletarias que, al no encontrar cauces de clase en los que canalizarla, se unen a la pequeña burguesía que, a menudo, es también su "patronal". Por otro lado, es la propia pequeña burguesía la que trata de involucrar al proletariado en su protesta porque necesita reforzarla y mostrar que es "el pueblo" el que se manifiesta y pide al gobierno y a los poderes económicos que le salven de la ruina.

Pero el proletariado, como asalariado, como trabajador no cualificado, cuya vida está a merced de un mercado en el que las desgracias van todas a parar a las clases trabajadoras y los beneficios y privilegios a las clases ricas y adineradas, no tiene ningún interés que compartir con los pequeños burgueses, y mucho menos con los grandes burgueses. Sus intereses inmediatos, y sobre todo históricos, como clase productora de la riqueza general de la que se apropia exclusivamente la clase burguesa dominante, responden a un antagonismo social que no han inventado, pero que es generado por el modo de producción capitalista y que es explotado política y socialmente por la clase dominante para aplastar al proletariado en una sumisión perpetua a las exigencias del beneficio capitalista. La clase burguesa dominante tiene tanto el poder económico como el político, representado por el Estado, y por tanto el poder social; poderes que utiliza para defender exclusivamente sus propios intereses de clase contra los intereses de la clase obrera. De esta manera la lucha antagónica es sistemáticamente librada por la clase burguesa contra la clase proletaria, y estas últimas medidas lo demuestran por enésima vez. Para que la lucha antagónica del proletariado tenga la fuerza de responder en el mismo terreno y con los mismos medios violentos que la clase dominante burguesa, debe contar con la organización de clase independiente del proletariado, que aún está por reconstruir, pero que surgirá inevitablemente de la resistencia que los proletarios logren oponer a la presión y represión burguesa progresiva. Una lucha en la que los proletarios tendrán que luchar contra la competencia alimentada a propósito entre ellos por los capitalistas y las fuerzas de colaboración interclasista, separando los objetivos y los medios de la lucha de clases de los de las capas sociales pequeñoburguesas que influyen en el proletariado por su contigüidad social: capas sociales que, sin embargo, se rebelan contra "el sistema", contra la "política gubernamental" sólo cuando corren el riesgo de caer en la proletarización y perder su posición social y sus privilegios. Los proletarios que se dejan arrastrar a la rebelión pequeñoburguesa pierden no sólo su orientación de clase -la única gracias a la cual es posible defender sus intereses inmediatos- sino también la fuerza que potencialmente poseen precisamente por ser asalariados, por ser productores de riqueza general y, por tanto, de beneficio capitalista.

La democracia, el reformismo, la colaboración de clases, son armas políticas que la burguesía utiliza para mitigar un antagonismo social que el propio modo de producción capitalista genera constantemente -y que la burguesía reitera en cada acto y en cada actividad en todas las situaciones especialmente las más graves-; un antagonismo que puede potencialmente poner en movimiento a las masas proletarias especialmente cuando las condiciones de existencia y de trabajo se vuelven insoportables.

Es a este movimiento social al que teme la burguesía, al despertar del proletariado como clase asalariada, a que actúe reconociendo que el antagonista social no es el inmigrante ilegal, el parado que por desesperación prende fuego a los cubos de basura, o los proletarios del país señalado como "enemigo", sino que es la misma clase burguesa en casa que está dispuesta a utilizar cualquier medio, legal o ilegal, constitucional o anticonstitucional, para defender sus privilegios.

El autoritarismo que la burguesía expresa con el pretexto de la "lucha contra el Covid-19" es parte integrante de su dominio; el parlamentarismo y la democracia con que se reviste no son más que un manto que cubre la realidad de su dictadura de clase. La burguesía de los países de la civilización occidental no tiene el valor, al menos hasta ahora, de mostrar su verdadero rostro totalitario; y no tiene ningún interés en mostrarlo mientras el régimen democrático consiga paralizar a las masas proletarias. Utiliza el rostro democrático para seguir engañando a las masas proletarias, para desviar su lucha del terreno de la confrontación de clases al terreno que le es más favorable, el terreno democrático y parlamentario. Pero la crisis económica y social, anticipada por la crisis económica de sobreproducción que caracteriza cíclicamente todo el período histórico del imperialismo en el que estamos inmersos desde hace cien años, se acerca de nuevo a pasos agigantados; Por eso la burguesía tiende a acelerar sus maniobras para encauzar aún más al proletariado, aplastándolo bajo el peso de sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales, intoxicándolo aún más con el veneno de una democracia que ya no tiene ningún papel social, pero que sigue teniendo un papel político para desviar, aislar, fragmentar y desmoralizar a la masa proletaria.

Así, las reacciones a un gobierno, como el de Draghi, que responde a una política de "unidad nacional" bajo la que vuelve a encauzar a las masas proletarias, pero que pone como prioridad, en la situación de crisis, la defensa del gran capital, expresan aún más, y con violencia, la ira de las capas pequeñoburguesas que se sienten abandonadas a su suerte. Las organizaciones de extrema derecha actúan en base a esta ira; siempre lo han hecho y lo seguirán haciendo. En realidad, desempeñan un doble papel: Por un lado, atraen la ira de las capas pequeñoburguesas, las organizan, dirigen sus manifestaciones, les hacen creer que el "enemigo del momento" son las llamadas "potencias fuertes", idealizan un "patriotismo" que las potencias fuertes nacionales no defenderían internacionalmente, están dispuestos a destrozar símbolos y vestigios de quienes consideran responsables de su ruina social; Por otro lado, representan el pretexto ideológico y político para que las organizaciones "democráticas" cimenten a las masas proletarias en la colaboración de clases con el pretexto del llamado "antifascismo", "antitotalitarismo". Ambos trabajan para consolidar la conservación social, ambos aspiran a una sociedad en la que todas las clases sociales satisfagan "sus" aspiraciones, ambos defienden el capitalismo nacional frente a la competencia extranjera, ambos utilizan la democracia para imponerse en la arena política como los campeones de la eficiencia económica, la destreza política, la "cohesión nacional", la defensa de las raíces históricas y culturales del país. Ambos compartieron la política que marcó y sigue marcando la victoria política del fascismo, a pesar de su derrota militar en la Segunda Guerra Mundial: la política de colaboración de clases.

Golpear los símbolos del autoritarismo característico de Draghi se ha convertido, por tanto, en el objetivo inmediato de muchos opositores. El pasaporte Covid es sin duda uno de estos símbolos. Pero hay opositores y opositoras. Los opositores pequeñoburgueses se alegran cuando los inmigrantes ilegales son encarcelados, deportados, reunidos en campos de concentración fuera de su vista, devueltos a los países de los que se embarcaron, quizás a Libia bajo las manos de torturadores, o no son rescatados en el mar donde se ahogan por miles. Lo importante es que todo esto ocurre lejos de sus ojos y de sus casas, pero si se acercan demasiado, las armas y las pistolas están siempre a mano. Pero se contentan con explotarlos peor que al ganado en los campos y talleres, bajo el chantaje de su "ilegalidad", obligándolos a vivir en tugurios, chabolas y en medio de la basura. Para ser libres de llevar su mezquina vida y explotar a su antojo la mano de obra negra y el trabajo mal pagado, a estas sanguijuelas no les gustan las imposiciones que ponen en peligro sus sucios negocios. Eluden al recaudador de impuestos mediante hábiles contables, pero el pasaporte Covid es difícil de sortear, por lo que intentan reforzar su protesta implicando a los proletarios. Es también contra esta implicación que los proletarios tienen que luchar.

El ejemplo de los estibadores de Trieste es emblemático: la Coordinación de trabajadores portuarios de Trieste (CLPT por sus siglas en italiano) ha declarado que hará huelga hasta el final, a partir del 15 de octubre, si no se levanta la obligación del pasaporte Covid no sólo para los trabajadores del puerto de Trieste, sino para todos los trabajadores. Es este enfoque decididamente clasista el que les ha hecho declarar que ni siquiera aceptarán los topes gratuitos prometidos por las empresas sólo para ellos con tal de ir a trabajar: ¡No estamos en venta! es el grito que une a todos los estibadores de Trieste, tanto a los que se han vacunado como a los que no han querido vacunarse.

Esto es lo que deben hacer los proletarios en todas las empresas, en todos los sectores, siguiendo el ejemplo de los estibadores de Trieste.

Veremos qué ocurre en Trieste el 15 de octubre: los estibadores han declarado que no se moverán ni un milímetro del bloqueo del puerto. ¿Qué va a hacer la policía, intervenir con la fuerza para liberar el acceso al puerto? Al parecer, muchos de los camioneros que tienen que llegar al puerto tampoco tienen el pasaporte Covid, sobre todo los que vienen del extranjero y se han vacunado con el Sputnik ruso, que no es aceptado por Italia. Es cierto que la tensión se ha acumulado en este último periodo y que el Gobierno se encuentra en una encrucijada: ¿Golpear a los estibadores de Trieste para evitar el bloqueo del puerto, que es uno de los más importantes de Italia, o renunciar a encontrar el habitual resquicio de la situación excepcional?

13 de octubre de 2021

Partido Comunista Internacional

www.pcint.org

Asalto fascista a la sede de CGIL