Criminalización de la pobreza

en el Chile actual: LA MUERTE

DE MAXI Y TOMÁS

Victoria Aldunate Morales,

Tierra y Territorio 

El 20 de julio de este año, Tomás y Maximiliano fueron asesinados por el arma particular marca Sig Sauer calibre 9MM de un carabinero. Los adolescentes iban juntos por el sector del paso nivel de calle Balmaceda a la altura de Manuel Rodríguez (Santiago).

Fue –aproximadamente- entre la 1:30 y la 1:50 de la madrugada.

Maximiliano Rodríguez Rozas, de solo 18 años, al otro día comenzaba un nuevo trabajo. Se había cortado el pelo y había terminado su tratamiento por consumo de drogas en Tali Takum. Asistía al preuniversitario “Yoshua Osorio” y su madre había pagado la PAES para el acceso de él a la Universidad.

Ese día el joven estuvo desde temprano reparando las goteras del techo y en la tarde cuidando a su hermano menor, que era lo que hacía cuando su madre salía a trabajar.  

Tomás Pérez Villegas tenía 16 años, estaba en el primer año de Enseñanza Media en el Liceo José Manuel Balmaceda de Independencia, y al otro día iba a ingresar a un centro de tratamiento por consumo problemático de drogas. Lo habían derivado desde la Fundación Vida Compartida (programa PEC Morense). Su madre, sus educadores y el mismo Tomás, solicitaban ese tratamiento desde hacía años.

Carmen Rozas y Cristina Villegas son, respectivamente, madres de Maxi y Tomás. También son vecinas de la población Juan Antonio Ríos en la comuna de Independencia. Colocaron juntas una querella por el homicidio de sus hijos, pero no solo no han obtenido respuestas institucionales, sino que, sin investigar previamente, el Ministerio Público ha categorizado a las víctimas como “imputados”. Esto, en base al único relato que el Estado de Chile cree legítimo: el del carabinero que disparó.

También la prensa, que responde a líneas editoriales oficialistas y de oposición, ha criminalizado la pobreza de la niñez y la adolescencia, y en este caso Emol.cl, esa misma mañana publicó que el teniente de Carabineros se había defendido de “un asalto”.

Maximiliano

Carmen, mamá de Maximiliano, es trabajadora de casa particular, organiza un comedor popular en su población, y con su hija Karina son parte del grupo de autoras del libro “Tramar y Sanar los cuidados comunitarios” [1].

Ambas se organizan en colectivas de mujeres y organizaciones sociales territoriales.

Carmen relata: “Esa noche tuve una corazonada.  Mi hijo murió a la 1:40, y a esa misma hora sentí que le había pasado algo muy malo. Ese día yo había vuelto a las 9 de la noche y me dijo que iba a salir un rato. ‘Voy y vuelvo’, dijo.

Llevaba harto tiempo volviendo temprano. A los 16 años, lo habían detenido por consumo y fue a rehabilitación. Le costó un tiempo darse cuenta de que estaba fallando, pero cuando entendió dejó de llegar tarde, sin embargo, esa noche pasaron las horas y nada. A las 5 de la mañana escuché las noticias y dijeron que un paco había matado a dos menores en el puente Balmaceda”.

 

“Tu hijo se lo buscó”

En el velorio de Maximiliano, las personas presentes debieron tirarse al suelo para protegerse de bombas lacrimógenas, agua y balines. Carmen oyó como un carabinero le decía a otro: “¡Dale al cajón!”.  

Matilde Alvear, es una de las abogadas de la Defensa Jurídica de MAR que apoya la querella de las madres de las víctimas. El día del velorio de Maximiliano, la abogada y otro abogado de MAR, Nicolás Toro, asistieron a dar sus condolencias.

La abogada relata: “Ha sido de las situaciones más fuertes que he vivido en violencia policial. Había familiares de avanzada edad y niños. Nos encerraron, nos tiraron lacrimógenas y mojaron el ataúd. Cuando llegamos había carabineros en las dos esquinas de la casa, preguntamos y dijeron que era ‘un funeral narco’. Eso es muy discriminatorio y a la vez peligroso para personas que vivimos en poblaciones”.

Carmen relata que fue a hablar con los carabineros pues le pareció que su actuar estaba siendo “desmedido”. Sin embargo, dice: “se mofaron de mí. Uno me exigió mi número de teléfono y luego me llamaba para que le diera el horario del funeral”. Al otro día interrumpieron el cortejo y tiraron gas pimienta, “iban personas de organizaciones, de la Red por el Trabajo Organizado con su logo, había personas discapacitadas… nada les importó. No nos dejaron hacer las paradas. Llegando al cementerio tenían guanacos. Solo pude pasar yo, ni a mi hija la dejaron pasar. No dejaron entrar ningún vehículo al cementerio, solo la carroza. Llamé al paco y le pregunté por qué nos estaban haciendo esto y me dijo: ¡Tu hijo se lo buscó!”.

Tomás

Fue un niño “institucionalizado” a causa de la violencia intrafamiliar que sufrió su madre. Estaba registrado en el programa PIE, vinculado al Cesfam y acompañado por la fundación Vida Compartida.

Cristina Villegas, su madre, es trabajadora de aseo de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Independencia, estudia la carrera de Técnico en Trabajo Social, vive de allegada con la familia de una amiga, y ahora está con licencia. Tras la muerte de su hijo tuvo una parálisis facial.

Relata: “Nuestro plan con Tomas y otro de mis hijos menores, Martin, era irnos a vivir otra vez juntos e independientes. No alcanzamos. Y aunque no he hecho nada malo, me siento asustada por el hostigamiento que les hacen los carabineros de la población a mis demás hijos y sus amigos. Los fiscalizan en la calle y les dicen: ¿Queris que te pase lo mismo que al Tomás?”.


 

¿Por qué matar?

Para Cristina “el carabinero pudo haber disparado a los pies, pero fue a matar. Mi hijo falleció debajo del puente, su data de muerte es a la 1:40, pero el carabinero estaba haciendo la denuncia a la 1:30. Yo creo que él podría haberlos salvado porque a media cuadra de donde murió mi Tomás, hay un Hospital, el del trauma (Traumatológico de calle San Martín) pudo haber sido llevado a urgencias.

Nada me cuadra. He visto muchas veces videos que mostraron en la prensa y no calzan. Hay uno en que se ve a dos personas que por lado y lado, llevan de ambos brazos a un joven que parece ser Maxi, luego se ve que lo dejan en una esquina, pero entre una toma y la otra, ha pasado más de media hora. Las cámaras son de distinta resolución y lo más curioso son los horarios… Yo caminé por ahí, tomé el tiempo, no coincide… Necesito saber la verdad. Esto me enferma”, concluye.

La abogada Matilde Alvear explica: “El relato del carabinero se tomó como el oficial, pero no se ha corroborado de ninguna manera que sea verídico. Hay fotos del sitio del suceso en la carpeta investigativa donde se ve a los chicos muertos y abajo aparece: “sujeto autor de robo”. O sea, los imputan sin diligencias previas. No hay cámaras en el punto en que ellos se encontraron con el carabinero, no hay testigos. No hay autopsia de Maximiliano, solo autopsia de Tomás, pero es muy básica: no se dice la trayectoria de los proyectiles, y no es lo mismo que le hayan disparado de frente o de espalda. Solo dice “causa de muerte: ‘herida torácica por bala’. Sin embargo, lo mínimo es tener esos elementos para hacer una afirmación que impute a las víctimas. Junto con eso, al inicio nos costó mucho dar con la causa, no aparecía online y eso es extraño”.


 

¿Cómo se decide que un funeral sería “narco”?

La abogada responde: “No hay nada legal o reglamentado al respecto. Es algo que se les ocurre a ellos, y que ha sido alimentado por los medios de comunicación. Colocarle “narco” a ciertas situaciones o incluso a ciertas luchas, es un apelativo para desprestigiar a movimientos o personas, y a la vez darles legitimidad a las policías”.

Le preguntamos también si la Ley Naim-Retamal recrudeció la estigmatización a la pobreza. Expresa que “antes las policías ya operaban de manera clasista, pero la ley viene a otorgarle un marco legal a la discriminación por pobreza”.

Cristina Villegas, madre de Tomás, se pregunta “si ahora ¿cada vez que haya un carabinero implicado, nos dirán que nuestros funerales son de ‘alto riesgo’?”.

Carmen denuncia que no pudo abrazar a su hijo muerto: “Solo reconocerlo a través de un vidrio en el Servicio Médico Legal”. No le permitieron vestirlo “y luego me lo entregaron en el cajón, pude darle un beso en la cara y lo sellaron”.

Tal parece que la política de seguridad desplegada por el gobierno actual ha fortalecido a su oposición política y a la misma policía que -según Amnistía Internacional- “disparó hacia zonas de alta letalidad como la cabeza y el tórax y lanzó gas lacrimógeno de manera desproporcionada” a las personas en el “estallido” de 2019. Un estallido que también fue de pobres. ¿Qué ha cambiado para nosotras, y para la niñez y la adolescencia de las comunidades que habitamos? Sólo ha ganado terreno el estigma de la pobreza.

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NOTAS:

[1] Narrativas de vecinas y vecinos de la población Juan Antonio Ríos en el Chile neoliberal, compiladoras y editoras María Sol Anigstein Vidal, Leonor Benítez Aldunate, Loreto Watkins Montenegro, ed.Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile, Santiago 2023.

[2] Movimiento Antirrepresivo que post estallido del Comité por la Defensa de los Derechos del Pueblo, ampliándose a una defensa no solo jurídica, si no interdisciplinaria.

[3] AMR 22/3133/2020 ● OCTUBRE 2020 amnesty.org AMNISTÍA INTERNACIONAL OJOS SOBRE CHILE: VIOLENCIA POLICIAL Y RESPONSABILIDAD DE MANDO DURANTE EL ESTALLIDO SOCIAL.

¡La brutalidad de la policía es sólo la otra cara de la democracia burguesa!

La cobarde paliza, el 21 de noviembre, al productor musical Michel Zecler, culpable de no llevar máscara y de ser negro, y la brutalidad contra los jóvenes del estudio, después de que la policía hubiera abusado de los solicitantes de asilo reunidos en la Place de la République dos días antes, suscitaron una legítima indignación. Los policías habían acusado al productor de rebelarse e intentar apoderarse de una de sus armas y este fue inmovilizado y llevado, "bajo vigilancia", a una comisaría de París; sin el vídeo de vigilancia que establecía las mentiras de la policía, habría sido condenado en firme, como sucede regularmente en estos casos: para los jueces, la palabra de la policía es siempre verdadera. Igual que por la muerte de Cédric Chouviat, el repartidor estrangulado por agentes de policía durante una detención en París el 3 de enero, fue un vídeo el que permitió refutar la versión policial (1).  

Precisamente para garantizar la máxima impunidad de la policía, el llamado proyecto de ley de "seguridad global" tiene por objeto, entre otras cosas, prohibir la difusión de imágenes que revelen las acciones de los agentes de policía y controlar el trabajo de los periodistas durante las manifestaciones.
El último caso de violencia policial lo es, en efecto, de una larga serie que sería largo enumerar; baste mencionar el caso de Adama Traoré, joven de 24 años asesinado por la policía tras una detención en julio de 2016, cuando la continua movilización de sus familiares obligó a la justicia a no enterrarlo, así como los casos de represión desatada contra los chalecos amarillos (11 muertos y centenares de heridos), contra los participantes en las distintas manifestaciones, contra los jóvenes de los barrios proletarios, etc. 

Las brutalidades actuales no son, pues, una excepción, no son obra de unas "ovejas negras" o de unos "elementos violentos estúpidamente reclutados" (Mélenchon dixit): son la consecuencia inevitable de la defensa del sistema capitalista, que se basa en la explotación de las grandes masas, en el mantenimiento del orden burgués mediante una represión constante de todos los que amenazan o impugnan esta explotación, de todos los que representan al menos una amenaza potencial contra el orden establecido y las instituciones que garantizan su continuidad. En tiempos de prosperidad económica y calma social, esta represión, aunque siempre presente y violenta, aparece sólo esporádicamente. La democracia, que es el sistema político más apropiado para el orden burgués porque obstaculiza la lucha de clases al pretender superar los antagonismos sociales a través del voto, presenta, en esos tiempos, un rostro pacífico y relativamente "benévolo".

Pero en tiempos de crisis, la democracia revela su verdadera cara al servicio exclusivo de la dominación capitalista: la represión se manifiesta abiertamente, adquiriendo un carácter sistemático, cada vez más violento y "arbitrario". Esta es la situación en la que nos encontramos; el gobierno ha utilizado el pretexto de la crisis sanitaria para aumentar más, con el consentimiento implícito o explícito de todas las fuerzas políticas y sindicales, la dominación totalitaria de la burguesía sobre la sociedad en general y el proletariado en particular. Los gobernantes saben que la devastadora crisis económica, sin precedentes, provocará tarde o temprano la reacción de los proletarios que son las primeras víctimas (según el semanario fiel a Macron Challenges of 25/11 "El ejecutivo está paralizado por el riesgo de una explosión social"). Esto explica básicamente el último "reprobable punto de inflexión" del gobierno destacado por los medios de comunicación y no ciertamente las amenazas terroristas. Este "punto de inflexión" se manifiesta en particular tanto con la agravación de las medidas contra los inmigrantes y los solicitantes de asilo, presentados a la población como chivos expiatorios, como con la nueva ley de seguridad, que sigue a muchas otras ya vigentes: el poder, que hasta ahora no ha dudado en recurrir a la represión, se prepara así para futuros enfrentamientos.

Pero hay otro aspecto de esta preparación antiproletaria que hay que destacar y es la labor de los opositores oficiales, los sindicatos y los partidos llamados de "izquierda".
La cólera de decenas y decenas de miles de personas (2) que se manifestaron el 28 contra la violencia policial ha sido desviada por los organizadores de la "Marcha de las Libertades" (desde los sindicatos CGT, FSU, SUD, hasta los partidos de izquierda, PS, PCF, Insoumis, Verts, NPA, etc.) hacia una movilización contra un "ataque a la democracia" ("comunicado unitario" NPA, France Insoumise, etc.) y por la defensa del "estado de derecho". Todas estas personas se cuidan de decir que el Estado es el pilar del orden burgués, encargado, como tal, de reprimir las luchas proletarias y que la democracia sólo sirve para velar la dictadura de la burguesía. Hacen todo lo posible para consolidar las ilusiones destruidas del Estado y la democracia, proporcionando así una ayuda insustituible a la clase dirigente. Es más, cuando algunos de ellos estuvieron en el gobierno, no sólo sirvieron al capitalismo lo mejor que pudieron, sino que también lideraron la escalada represiva que se venía produciendo desde hace años contra los trabajadores militantes, la juventud combativa y los manifestantes en general (3). Los proletarios ya han visto innumerables veces que son parte de sus adversarios.

La respuesta a la agresión, la brutalidad y los delitos policiales sólo puede ser eficaz si se lleva a cabo con independencia de las orientaciones de estos partidarios de la conciliación social, verdaderos agentes de la colaboración entre las clases.

Sólo una lucha de clase, claramente anticapitalista, puede hacer recular al gobierno y a la burguesía movilizando al proletariado. Esto se aplica a la defensa contra la violencia policial, así como a la defensa de los salarios, la lucha contra los despidos, la represión de los solicitantes de asilo o de los trabajadores indocumentados.

¡Abajo la democracia burguesa, viva la lucha de clases y la unión de los proletarios contra el capitalismo y el Estado burgués!

Partido Comunista Internacional (El Proletario)

29/11/2020

www.pcint.org

http://www.pcint.org/01_Positions/01_04_es/201129_Francia-brutalidad-policia.htm