Criminalización de la pobreza
en el Chile actual: LA MUERTE
DE MAXI Y TOMÁS
Victoria Aldunate Morales,
Tierra y Territorio
El 20 de julio de este año, Tomás y Maximiliano fueron asesinados por el arma particular marca Sig Sauer calibre 9MM de un carabinero. Los adolescentes iban juntos por el sector del paso nivel de calle Balmaceda a la altura de Manuel Rodríguez (Santiago).
Fue –aproximadamente- entre la 1:30 y la 1:50 de la madrugada.
Maximiliano Rodríguez Rozas, de solo 18 años, al otro día comenzaba un nuevo trabajo. Se había cortado el pelo y había terminado su tratamiento por consumo de drogas en Tali Takum. Asistía al preuniversitario “Yoshua Osorio” y su madre había pagado la PAES para el acceso de él a la Universidad.
Ese día el joven estuvo desde temprano reparando las goteras del techo y en la tarde cuidando a su hermano menor, que era lo que hacía cuando su madre salía a trabajar.
Tomás Pérez Villegas tenía 16 años, estaba en el primer año de Enseñanza Media en el Liceo José Manuel Balmaceda de Independencia, y al otro día iba a ingresar a un centro de tratamiento por consumo problemático de drogas. Lo habían derivado desde la Fundación Vida Compartida (programa PEC Morense). Su madre, sus educadores y el mismo Tomás, solicitaban ese tratamiento desde hacía años.
Carmen Rozas y Cristina Villegas son, respectivamente, madres de Maxi y Tomás. También son vecinas de la población Juan Antonio Ríos en la comuna de Independencia. Colocaron juntas una querella por el homicidio de sus hijos, pero no solo no han obtenido respuestas institucionales, sino que, sin investigar previamente, el Ministerio Público ha categorizado a las víctimas como “imputados”. Esto, en base al único relato que el Estado de Chile cree legítimo: el del carabinero que disparó.
También la prensa, que responde a líneas editoriales oficialistas y de oposición, ha criminalizado la pobreza de la niñez y la adolescencia, y en este caso Emol.cl, esa misma mañana publicó que el teniente de Carabineros se había defendido de “un asalto”.
Maximiliano
Carmen, mamá de Maximiliano, es trabajadora de casa particular, organiza un comedor popular en su población, y con su hija Karina son parte del grupo de autoras del libro “Tramar y Sanar los cuidados comunitarios” [1].
Ambas se organizan en colectivas de mujeres y organizaciones sociales territoriales.
Carmen relata: “Esa noche tuve una corazonada. Mi hijo murió a la 1:40, y a esa misma hora sentí que le había pasado algo muy malo. Ese día yo había vuelto a las 9 de la noche y me dijo que iba a salir un rato. ‘Voy y vuelvo’, dijo.
Llevaba harto tiempo volviendo temprano. A los 16 años, lo habían detenido por consumo y fue a rehabilitación. Le costó un tiempo darse cuenta de que estaba fallando, pero cuando entendió dejó de llegar tarde, sin embargo, esa noche pasaron las horas y nada. A las 5 de la mañana escuché las noticias y dijeron que un paco había matado a dos menores en el puente Balmaceda”.
“Tu hijo se lo buscó”
En el velorio de Maximiliano, las personas presentes debieron tirarse al suelo para protegerse de bombas lacrimógenas, agua y balines. Carmen oyó como un carabinero le decía a otro: “¡Dale al cajón!”.
Matilde Alvear, es una de las abogadas de la Defensa Jurídica de MAR que apoya la querella de las madres de las víctimas. El día del velorio de Maximiliano, la abogada y otro abogado de MAR, Nicolás Toro, asistieron a dar sus condolencias.
La abogada relata: “Ha sido de las situaciones más fuertes que he vivido en violencia policial. Había familiares de avanzada edad y niños. Nos encerraron, nos tiraron lacrimógenas y mojaron el ataúd. Cuando llegamos había carabineros en las dos esquinas de la casa, preguntamos y dijeron que era ‘un funeral narco’. Eso es muy discriminatorio y a la vez peligroso para personas que vivimos en poblaciones”.
Carmen relata que fue a hablar con los carabineros pues le pareció que su actuar estaba siendo “desmedido”. Sin embargo, dice: “se mofaron de mí. Uno me exigió mi número de teléfono y luego me llamaba para que le diera el horario del funeral”. Al otro día interrumpieron el cortejo y tiraron gas pimienta, “iban personas de organizaciones, de la Red por el Trabajo Organizado con su logo, había personas discapacitadas… nada les importó. No nos dejaron hacer las paradas. Llegando al cementerio tenían guanacos. Solo pude pasar yo, ni a mi hija la dejaron pasar. No dejaron entrar ningún vehículo al cementerio, solo la carroza. Llamé al paco y le pregunté por qué nos estaban haciendo esto y me dijo: ¡Tu hijo se lo buscó!”.
Tomás
Fue un niño “institucionalizado” a causa de la violencia intrafamiliar que sufrió su madre. Estaba registrado en el programa PIE, vinculado al Cesfam y acompañado por la fundación Vida Compartida.
Cristina Villegas, su madre, es trabajadora de aseo de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Independencia, estudia la carrera de Técnico en Trabajo Social, vive de allegada con la familia de una amiga, y ahora está con licencia. Tras la muerte de su hijo tuvo una parálisis facial.
Relata: “Nuestro plan con Tomas y otro de mis hijos menores, Martin, era irnos a vivir otra vez juntos e independientes. No alcanzamos. Y aunque no he hecho nada malo, me siento asustada por el hostigamiento que les hacen los carabineros de la población a mis demás hijos y sus amigos. Los fiscalizan en la calle y les dicen: ¿Queris que te pase lo mismo que al Tomás?”.
¿Por qué matar?
Para Cristina “el carabinero pudo haber disparado a los pies, pero fue a matar. Mi hijo falleció debajo del puente, su data de muerte es a la 1:40, pero el carabinero estaba haciendo la denuncia a la 1:30. Yo creo que él podría haberlos salvado porque a media cuadra de donde murió mi Tomás, hay un Hospital, el del trauma (Traumatológico de calle San Martín) pudo haber sido llevado a urgencias.
Nada me cuadra. He visto muchas veces videos que mostraron en la prensa y no calzan. Hay uno en que se ve a dos personas que por lado y lado, llevan de ambos brazos a un joven que parece ser Maxi, luego se ve que lo dejan en una esquina, pero entre una toma y la otra, ha pasado más de media hora. Las cámaras son de distinta resolución y lo más curioso son los horarios… Yo caminé por ahí, tomé el tiempo, no coincide… Necesito saber la verdad. Esto me enferma”, concluye.
La abogada Matilde Alvear explica: “El relato del carabinero se tomó como el oficial, pero no se ha corroborado de ninguna manera que sea verídico. Hay fotos del sitio del suceso en la carpeta investigativa donde se ve a los chicos muertos y abajo aparece: “sujeto autor de robo”. O sea, los imputan sin diligencias previas. No hay cámaras en el punto en que ellos se encontraron con el carabinero, no hay testigos. No hay autopsia de Maximiliano, solo autopsia de Tomás, pero es muy básica: no se dice la trayectoria de los proyectiles, y no es lo mismo que le hayan disparado de frente o de espalda. Solo dice “causa de muerte: ‘herida torácica por bala’. Sin embargo, lo mínimo es tener esos elementos para hacer una afirmación que impute a las víctimas. Junto con eso, al inicio nos costó mucho dar con la causa, no aparecía online y eso es extraño”.
¿Cómo se decide que un funeral sería “narco”?
La abogada responde: “No hay nada legal o reglamentado al respecto. Es algo que se les ocurre a ellos, y que ha sido alimentado por los medios de comunicación. Colocarle “narco” a ciertas situaciones o incluso a ciertas luchas, es un apelativo para desprestigiar a movimientos o personas, y a la vez darles legitimidad a las policías”.
Le preguntamos también si la Ley Naim-Retamal recrudeció la estigmatización a la pobreza. Expresa que “antes las policías ya operaban de manera clasista, pero la ley viene a otorgarle un marco legal a la discriminación por pobreza”.
Cristina Villegas, madre de Tomás, se pregunta “si ahora ¿cada vez que haya un carabinero implicado, nos dirán que nuestros funerales son de ‘alto riesgo’?”.
Carmen denuncia que no pudo abrazar a su hijo muerto: “Solo reconocerlo a través de un vidrio en el Servicio Médico Legal”. No le permitieron vestirlo “y luego me lo entregaron en el cajón, pude darle un beso en la cara y lo sellaron”.
Tal parece que la política de seguridad desplegada por el gobierno actual ha fortalecido a su oposición política y a la misma policía que -según Amnistía Internacional- “disparó hacia zonas de alta letalidad como la cabeza y el tórax y lanzó gas lacrimógeno de manera desproporcionada” a las personas en el “estallido” de 2019. Un estallido que también fue de pobres. ¿Qué ha cambiado para nosotras, y para la niñez y la adolescencia de las comunidades que habitamos? Sólo ha ganado terreno el estigma de la pobreza.
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NOTAS:
[1] Narrativas de vecinas y vecinos de la población Juan Antonio Ríos en el Chile neoliberal, compiladoras y editoras María Sol Anigstein Vidal, Leonor Benítez Aldunate, Loreto Watkins Montenegro, ed.Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile, Santiago 2023.
[2] Movimiento Antirrepresivo que post estallido del Comité por la Defensa de los Derechos del Pueblo, ampliándose a una defensa no solo jurídica, si no interdisciplinaria.
[3] AMR 22/3133/2020 ● OCTUBRE 2020 amnesty.org AMNISTÍA INTERNACIONAL OJOS SOBRE CHILE: VIOLENCIA POLICIAL Y RESPONSABILIDAD DE MANDO DURANTE EL ESTALLIDO SOCIAL.