Criminalización de la pobreza
en el Chile actual: LA MUERTE
DE MAXI Y TOMÁS
Victoria Aldunate Morales,
Tierra y Territorio
El 20 de julio de este año, Tomás y Maximiliano fueron asesinados por el arma particular marca Sig Sauer calibre 9MM de un carabinero. Los adolescentes iban juntos por el sector del paso nivel de calle Balmaceda a la altura de Manuel Rodríguez (Santiago).
Fue –aproximadamente- entre la 1:30 y la 1:50 de la madrugada.
Maximiliano Rodríguez Rozas, de solo 18 años, al otro día comenzaba un nuevo trabajo. Se había cortado el pelo y había terminado su tratamiento por consumo de drogas en Tali Takum. Asistía al preuniversitario “Yoshua Osorio” y su madre había pagado la PAES para el acceso de él a la Universidad.
Ese día el joven estuvo desde temprano reparando las goteras del techo y en la tarde cuidando a su hermano menor, que era lo que hacía cuando su madre salía a trabajar.
Tomás Pérez Villegas tenía 16 años, estaba en el primer año de Enseñanza Media en el Liceo José Manuel Balmaceda de Independencia, y al otro día iba a ingresar a un centro de tratamiento por consumo problemático de drogas. Lo habían derivado desde la Fundación Vida Compartida (programa PEC Morense). Su madre, sus educadores y el mismo Tomás, solicitaban ese tratamiento desde hacía años.
Carmen Rozas y Cristina Villegas son, respectivamente, madres de Maxi y Tomás. También son vecinas de la población Juan Antonio Ríos en la comuna de Independencia. Colocaron juntas una querella por el homicidio de sus hijos, pero no solo no han obtenido respuestas institucionales, sino que, sin investigar previamente, el Ministerio Público ha categorizado a las víctimas como “imputados”. Esto, en base al único relato que el Estado de Chile cree legítimo: el del carabinero que disparó.
También la prensa, que responde a líneas editoriales oficialistas y de oposición, ha criminalizado la pobreza de la niñez y la adolescencia, y en este caso Emol.cl, esa misma mañana publicó que el teniente de Carabineros se había defendido de “un asalto”.
Maximiliano
Carmen, mamá de Maximiliano, es trabajadora de casa particular, organiza un comedor popular en su población, y con su hija Karina son parte del grupo de autoras del libro “Tramar y Sanar los cuidados comunitarios” [1].
Ambas se organizan en colectivas de mujeres y organizaciones sociales territoriales.
Carmen relata: “Esa noche tuve una corazonada. Mi hijo murió a la 1:40, y a esa misma hora sentí que le había pasado algo muy malo. Ese día yo había vuelto a las 9 de la noche y me dijo que iba a salir un rato. ‘Voy y vuelvo’, dijo.
Llevaba harto tiempo volviendo temprano. A los 16 años, lo habían detenido por consumo y fue a rehabilitación. Le costó un tiempo darse cuenta de que estaba fallando, pero cuando entendió dejó de llegar tarde, sin embargo, esa noche pasaron las horas y nada. A las 5 de la mañana escuché las noticias y dijeron que un paco había matado a dos menores en el puente Balmaceda”.
“Tu hijo se lo buscó”
En el velorio de Maximiliano, las personas presentes debieron tirarse al suelo para protegerse de bombas lacrimógenas, agua y balines. Carmen oyó como un carabinero le decía a otro: “¡Dale al cajón!”.
Matilde Alvear, es una de las abogadas de la Defensa Jurídica de MAR que apoya la querella de las madres de las víctimas. El día del velorio de Maximiliano, la abogada y otro abogado de MAR, Nicolás Toro, asistieron a dar sus condolencias.
La abogada relata: “Ha sido de las situaciones más fuertes que he vivido en violencia policial. Había familiares de avanzada edad y niños. Nos encerraron, nos tiraron lacrimógenas y mojaron el ataúd. Cuando llegamos había carabineros en las dos esquinas de la casa, preguntamos y dijeron que era ‘un funeral narco’. Eso es muy discriminatorio y a la vez peligroso para personas que vivimos en poblaciones”.
Carmen relata que fue a hablar con los carabineros pues le pareció que su actuar estaba siendo “desmedido”. Sin embargo, dice: “se mofaron de mí. Uno me exigió mi número de teléfono y luego me llamaba para que le diera el horario del funeral”. Al otro día interrumpieron el cortejo y tiraron gas pimienta, “iban personas de organizaciones, de la Red por el Trabajo Organizado con su logo, había personas discapacitadas… nada les importó. No nos dejaron hacer las paradas. Llegando al cementerio tenían guanacos. Solo pude pasar yo, ni a mi hija la dejaron pasar. No dejaron entrar ningún vehículo al cementerio, solo la carroza. Llamé al paco y le pregunté por qué nos estaban haciendo esto y me dijo: ¡Tu hijo se lo buscó!”.
Tomás
Fue un niño “institucionalizado” a causa de la violencia intrafamiliar que sufrió su madre. Estaba registrado en el programa PIE, vinculado al Cesfam y acompañado por la fundación Vida Compartida.
Cristina Villegas, su madre, es trabajadora de aseo de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Independencia, estudia la carrera de Técnico en Trabajo Social, vive de allegada con la familia de una amiga, y ahora está con licencia. Tras la muerte de su hijo tuvo una parálisis facial.
Relata: “Nuestro plan con Tomas y otro de mis hijos menores, Martin, era irnos a vivir otra vez juntos e independientes. No alcanzamos. Y aunque no he hecho nada malo, me siento asustada por el hostigamiento que les hacen los carabineros de la población a mis demás hijos y sus amigos. Los fiscalizan en la calle y les dicen: ¿Queris que te pase lo mismo que al Tomás?”.
¿Por qué matar?
Para Cristina “el carabinero pudo haber disparado a los pies, pero fue a matar. Mi hijo falleció debajo del puente, su data de muerte es a la 1:40, pero el carabinero estaba haciendo la denuncia a la 1:30. Yo creo que él podría haberlos salvado porque a media cuadra de donde murió mi Tomás, hay un Hospital, el del trauma (Traumatológico de calle San Martín) pudo haber sido llevado a urgencias.
Nada me cuadra. He visto muchas veces videos que mostraron en la prensa y no calzan. Hay uno en que se ve a dos personas que por lado y lado, llevan de ambos brazos a un joven que parece ser Maxi, luego se ve que lo dejan en una esquina, pero entre una toma y la otra, ha pasado más de media hora. Las cámaras son de distinta resolución y lo más curioso son los horarios… Yo caminé por ahí, tomé el tiempo, no coincide… Necesito saber la verdad. Esto me enferma”, concluye.
La abogada Matilde Alvear explica: “El relato del carabinero se tomó como el oficial, pero no se ha corroborado de ninguna manera que sea verídico. Hay fotos del sitio del suceso en la carpeta investigativa donde se ve a los chicos muertos y abajo aparece: “sujeto autor de robo”. O sea, los imputan sin diligencias previas. No hay cámaras en el punto en que ellos se encontraron con el carabinero, no hay testigos. No hay autopsia de Maximiliano, solo autopsia de Tomás, pero es muy básica: no se dice la trayectoria de los proyectiles, y no es lo mismo que le hayan disparado de frente o de espalda. Solo dice “causa de muerte: ‘herida torácica por bala’. Sin embargo, lo mínimo es tener esos elementos para hacer una afirmación que impute a las víctimas. Junto con eso, al inicio nos costó mucho dar con la causa, no aparecía online y eso es extraño”.
¿Cómo se decide que un funeral sería “narco”?
La abogada responde: “No hay nada legal o reglamentado al respecto. Es algo que se les ocurre a ellos, y que ha sido alimentado por los medios de comunicación. Colocarle “narco” a ciertas situaciones o incluso a ciertas luchas, es un apelativo para desprestigiar a movimientos o personas, y a la vez darles legitimidad a las policías”.
Le preguntamos también si la Ley Naim-Retamal recrudeció la estigmatización a la pobreza. Expresa que “antes las policías ya operaban de manera clasista, pero la ley viene a otorgarle un marco legal a la discriminación por pobreza”.
Cristina Villegas, madre de Tomás, se pregunta “si ahora ¿cada vez que haya un carabinero implicado, nos dirán que nuestros funerales son de ‘alto riesgo’?”.
Carmen denuncia que no pudo abrazar a su hijo muerto: “Solo reconocerlo a través de un vidrio en el Servicio Médico Legal”. No le permitieron vestirlo “y luego me lo entregaron en el cajón, pude darle un beso en la cara y lo sellaron”.
Tal parece que la política de seguridad desplegada por el gobierno actual ha fortalecido a su oposición política y a la misma policía que -según Amnistía Internacional- “disparó hacia zonas de alta letalidad como la cabeza y el tórax y lanzó gas lacrimógeno de manera desproporcionada” a las personas en el “estallido” de 2019. Un estallido que también fue de pobres. ¿Qué ha cambiado para nosotras, y para la niñez y la adolescencia de las comunidades que habitamos? Sólo ha ganado terreno el estigma de la pobreza.
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NOTAS:
[1] Narrativas de vecinas y vecinos de la población Juan Antonio Ríos en el Chile neoliberal, compiladoras y editoras María Sol Anigstein Vidal, Leonor Benítez Aldunate, Loreto Watkins Montenegro, ed.Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile, Santiago 2023.
[2] Movimiento Antirrepresivo que post estallido del Comité por la Defensa de los Derechos del Pueblo, ampliándose a una defensa no solo jurídica, si no interdisciplinaria.
[3] AMR 22/3133/2020 ● OCTUBRE 2020 amnesty.org AMNISTÍA INTERNACIONAL OJOS SOBRE CHILE: VIOLENCIA POLICIAL Y RESPONSABILIDAD DE MANDO DURANTE EL ESTALLIDO SOCIAL.
¡Basta de genocidio en Gaza! ¡Apoyo a la resistencia palestina! ¡A profundizar la movilización de los pueblos del mundo!
En este momento Israel está ejecutando impunemente y con el respaldo incondicional del imperialismo norteamericano y de la Unión Europea, un genocidio brutal contra el pueblo palestino concentrado en Gaza, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Al momento de escribir esta declaración ya habían sido asesinadas 8.525 personas de las cuales 3.542 son niños y niñas y 2.187 mujeres, es decir que un 68% de los asesinados son menores y mujeres, 21.500 heridos. “Gaza se ha convertido en un cementerio para miles de niños y en un infierno para todos los demás”, dijo el representante de Unicef, James Elder. Estarían muriendo 420 niños diariamente y habrían 940 desaparecidos.
Estos números aumentan constantemente con la intensificación de los bombardeos y el ingreso por tierra del ejército sionista a la franja. Mientras que en Cisjordania ocupada, el ejército israelí ha asesinado a 180 palestinos desde el pasado 7 de octubre. El Gobierno sionista ha ordenado intensificar la represión en Cisjordania tras la huelga general masiva de este miércoles 1 de noviembre, para exigir el cese inmediato de la masacre en Gaza.
Son escalofriantes y conmovedoras las imágenes de padres devastados por la pérdida de toda su familia; niños rescatados de los escombros, otros que perdieron a toda su familia; cadáveres calcinados y desmembrados producto de la intensidad de los bombardeos.
Más de 2 millones de habitantes de la franja están siendo bombardeados por cielo, mar y aire. Violando todas las leyes internacionales, Israel cortó el suministro de agua, electricidad, combustible y alimentos, sometiendo al pueblo gazatí a un suplicio inimaginable. Incluso bombardeó el paso fronterizo de Rafah con Egipto, por donde a duras penas han ingresado 94 camiones con comida e insumos médicos desde el 7 de octubre, cuando antes entraban a la franja de Gaza unos 100 camiones diarios con ayuda humanitaria.
Por otra parte, desde la noche del pasado viernes y durante la madrugada del sábado, Israel llevó a cabo los bombardeos más intensos desde que dio inicio a la operación “Espadas de Hierro”, los cuales fueron el preludio de una invasión terrestre a gran escala por el norte de Gaza. Previamente Israel había cortado las comunicaciones telefónicas y de internet, aislando a la franja del mundo exterior.
Después de cuatro intentos fallidos, el pasado viernes la ONU con el voto de 120 países, salió de la inacción que la caracteriza, y aprobó el alto el fuego para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, así como para exigirle a Israel que anule su orden de evacuar el norte de la franja, y el traslado de la población al sur. No obstante, Estados Unidos vetó la decisión adoptada. Esta resolución tardía de la ONU fue catalogada como “día de infamia” por parte del embajador sionista en las Naciones Unidas, Gilad Erdan.
Días antes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una reunión del consejo de seguridad tuvo que reconocer que “el ataque de Hamás no surgió de la nada”, y que era el resultado de décadas de ocupación, del robo de las tierras de los palestinos, del desplazamiento forzoso y la violencia ejercida por Israel. Ante lo cual el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Eli Cohen, así como el embajador ante la ONU, Gilad Erdan, reaccionaron airadamente y exigieron la renuncia del secretario general.
El director de la Oficina de Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Craig Mokhiber renunció a su cargo en protesta por la incapacidad de la organización de frenar el genocidio en Gaza.
Las contradicciones en el seno de la ONU reflejan la gran crisis que se produce al interior de las instituciones del capitalismo-imperialista mundial, las cuales se agudizan en la medida que se muestran en los medios de comunicación y en las redes sociales la salvaje matanza que ejecuta el ejército sionista en Gaza, lo que a su vez está incentivando las protestas en todo el mundo. Masivas movilizaciones en Turquía y en todos los países árabes, como Jordania, Egipto, Yemen. En las principales ciudades europeas. Miles se han manifestado en Londres, Madrid, Barcelona, Roma, incluso en Alemania y Francia, países en los que miles de personas desafían la prohibición de manifestarse a favor de los palestinos. Grandes movilizaciones en Canadá y Estados Unidos. En New York, más de 200 judíos antisionistas tomaron la emblemática estación central exigiendo el alto al fuego y con la consigna “no en nuestro nombre”. Previamente en Washington se realizó una protesta similar en la cual más de 3OO judíos tomaron oficinas del capitolio. Ambas protestas fueron convocadas por Jewish Voice for Peace, la más grande organización de judíos no sionistas de Estados Unidos. En Tel Aviv las protestas son diarias. Familiares de los rehenes en poder de Hamás, cuestionan duramente al gobierno de Netanyahu, lo responsabilizan de la situación y exigen el retorno de los rehenes. Incluso en Jerusalén se han movilizado judíos ortodoxos que se oponen al sionismo. Expresiones de la crisis que se desarrolla en las instituciones del capitalismo mundial son las declaraciones de Philippe Lazzarini, director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, (UNRWA), quien acusó a Israel de aplicar un “castigo colectivo” contra los palestinos. Otras organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, el Consejo Noruego de Refugiados, Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras han denunciado que Israel comete crímenes de guerra.
Cada vez queda más en evidencia que Israel está llevando adelante un genocidio con intenciones de profundizar la limpieza étnica que ejecuta desde hace 75 años. Está avanzando en una nueva Nakba (catástrofe), como conocen los palestinos la matanza y desplazamiento de casi un millón de personas de sus tierras en 1947-48, previo al establecimiento del Estado de Israel.
Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI) decimos: ¡Alto a los bombardeos criminales a Gaza!
¡Basta de cerco genocida! Damos nuestro respaldo a la resistencia palestina pero sin darle apoyo político a Hamás, quien hoy encabeza la lucha contra el ocupante sionista, pero con quien tenemos grandes diferencias políticas en la medida que es una organización burguesa-islámica, procapitalista, que quiere reemplazar el estado de apartheid sionista por un estado teocrático islámico.
La UIT-CI lucha por un estado único palestino, laico, no racista y democrático, en el territorio histórico de Palestina, a donde puedan regresar los refugiados a sus tierras, y convivan musulmanes, judíos, cristianos y otras religiones, o no religiosos. Asimismo denunciamos la traición de la Autoridad Nacional Palestina, dirigida por Al Fatah-OLP y Mahmoud Abbas, que ejerce labores de policía y control sobre los palestinos en Cisjordania ocupada, en acuerdo con Israel.
Para derrotar la agresión sionista apoyada por el imperialismo, hay que seguir profundizando la movilización de los pueblos del mundo. Y en esa tarea pone toda su energía la UIT-CI, en los países donde tenemos presencia. Exigiendo a todos los gobiernos ruptura de relaciones diplomáticas, económicas, comerciales y culturales con Israel. Ya el gobierno boliviano rompió relaciones con la entidad sionista; el gobierno chileno y el de Colombia llamaron a consultas a sus embajadores, ¡los pueblos de ambos países deben exigir que rompan relaciones! Que cese el envío de armas y ayuda financiera de Estados Unidos a la entidad sionista. Hay que seguir el ejemplo de los sindicatos de Bélgica que bloquearán el envío de armamento a Israel; que se retire la flota norteamericana del medio oriente.
¡Alto ya a los bombardeos criminales a Gaza! ¡Basta de cerco genocida!
¡Ruptura de relaciones con Israel!
¡Liberación de las y los presos palestinos!
¡Fuera el ejército sionista de la franja de Gaza
¡Todo el apoyo a la resistencia palestina!
1 de noviembre de 2023 - Unidad Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional (UIT-CI)