Chile: 
Políticas de ahorro en cuerpos “NN” y “de calle”
X victoria aldunate morales, Tierra y Territorio, lesbianas feministas antirracistas


Un hombre de 49 años murió afuera del albergue del Hogar de Cristo de Coyhaique. “Rogó toda 
la noche”, pero “por la cuarentena”  los funcionarios no aceptaron su ingreso. Juan Carlos Aguilar 
fue declarado muerto a las 9:31 horas de la mañana del martes 21 de abril. Era “de calle”, o sea, 
sujeto de políticas de seguridad e inclusión.  

Para cumplir el “aislamiento social”, los albergues deben tener sólo 20 cupos. El problema no 
es la reducción de usuarios por albergue, si no la eventual reducción de sujetos. Tampoco se 
trata del COVID 19 porque esto ya estaba pasando y con Piñera sólo se profundiza. Se trata 
de Eugenesis (como la franquista, la nazi, la pinochetista), de biopolítica (Foucault). Descartar 
a sujetos indeseables por improductivos: psiquiatrizados, disidentes, viejos, pobres, 
indocumentados. 
El Estado chileno y su gobierno se aprovechan de la “pandemia” para reducir aún más las 
machistas y homófobas opciones para la gente de los rucos. 
30 años de postdictadura han intentado “regular” a esa población con doctrinas de seguridad 
y moralismos. Han descalificado sistemáticamente a las mujeres de circuitos de calle por 
evaluarlas “incompetentes parentales”, con “trastornos”,  por “disfuncionalidad familiar”, 
exigiéndoles inclusión productiva y reproductiva, y luego llevándose a sus guaguas a SENAME, 
Servicio Nacional de Menores, donde sabemos de violaciones, explotación sexual, muertes 
por abandono y maltrato, todo por la desidia desde las Ministras Justicia hacia abajo. Así 
también se elimina pobres.

No es COVID 19, son 30 años
A inicios de la Revuelta popular, Octubre 2019, la Fundación “Gente de Calle” denunciaba 
tratos inhumanos de policía y militares a gente de rucos y declaraba: es preocupante 
que habiendo alrededor de 8.000 personas en situación de calle en la Región Metropolitana, 
sólo se disponga de 400 cupos, dejando a casi 7.600 a la intemperie” (1). 
Las políticas de los tiempos piñeristas, producen ideología para justificar sus dispositivos. 
El Ministerio de Economía encargó a la empresa “Impacta Consultores SpA”, el informe  
“Contrato de Impacto Social para la Superación de la Situación de Calle (CIS)”. CIS es una 
traducción de Social Impact Bonds, y traslada la experiencia de la empresa Sector Capital 
Partners y Social Finance UK, en EE.UU. e Inglaterra, a Chile. Según dicen, este informe 
de “impacto social” fue hecho entre 2018 y 2019. Su clave es la búsqueda de “inversionistas”. 
Por eso agradece –entre otros- a Larraín Vial, Luksic, Minera Escondida, y también a la 
“Fundación Corona”, propiedad de la familia Echavarría Olózaga, dueña de un conglomerado 
de empresas de Colombia. Considera que el foco de los programas para gente de calle que 
estuvo puesto en “las actividades”, debe mutar “al logro”. Juzgan a los programas que 
entregan alojamiento y servicios de emergencia para resguardar la vida de las personas 
en situación de calle”. No les gusta que “existe un perfil de personas con mayor cantidad 
de años en situación de calle (situación de calle crónica) con consumo problemático 
de sustancias y/o problemas de salud física o mental y las alternativas en la oferta 
pública no están siendo efectivas para superar este problema” (2). Es decir, proponen 
entregar la intervención con “gente de calle” a más privados (no solo a los que ya tienen 
experiencia) y con nuevas reglas para –disque- “superar” el problema.

Sin albergues ni procesos
¿”El logro” podría ser terminar con la gente “crónica” en calle
Es un documento extenso cuyo lenguaje suena “humanitariamente inclusivo”, sin embargo 
hay hechos no humanitarios que colocan en duda su aparente bondad con los pobres:
El año pasado se dejó de habilitar el Estadio Víctor Jara como albergue alegando que no 
cumplía con “los estándares” y no hemos sabido de ninguna gran empresa millonaria que 
invierta para hacer al estadio Víctor Jara un albergue digno. Por otro lado, dejaron de 
estar operativos “Centros de Referencia” en Lo Espejo y La Florida, que eran más que 
simples albergues: daban alimentación, agua caliente, derivaciones de salud, a tratamiento 
en drogas y alcohol, contaban con monitoras a cargo de la convivencia y actividades 
ocupacionales, terapéuticas y comunitarias. También se hacía asambleas en que la gente 
usuaria debatía sus problemas cotidianos. Pero SENDA, Servicio Nacional de Prevención 
y Rehabilitación del Consumo de Alcohol, dejó de financiarlos justo cuando comenzó el 
verano, y no han vuelto a estar operativos ni por el COVID 19. 

La Concertación en 1990 creó el CONACE, Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, 
asociando no solo a la Industria de la Droga al Ministerio del Interior y sus políticas de 
“seguridad”, sino también a las víctimas de esa Industria. Burreras, soldados, consumidores 
marginalizados y visibles en las calles, pasaban a ser una amenaza del Interior. Cuando 
Piñera logró por primera vez turnarse en el poder gubernamental, le cambió el nombre a 
CONACE por SENDA, mediante la ley N° 20.502 (21-02-2011), pero con las mismas 
vinculaciones institucionales. 
La ingeniería comercial de la Concertación y de la Derecha pinochetista de los últimos 30 años, 
modifica y re-inventa lenguajes, enfoques, “instrumentos”, pero básicamente afirma lo mismo: 
“la gente de calle” y el consumo de sustancias para pobres son problemas de “seguridad 
ciudadana” que deben combatirse, y las políticas que los aborden deben costar el mínimo. 
 No hay que gastar en los pobres.
Los procesos no tienen relevancia, sí los “resultados”. Se calcula que si “una intervención 
con gente de calle no es efectiva, el gasto para el gobierno será menor”. Es decir, si 
los procesos de “gente de calle” no cumplen con los “resultados” de integración, funcionalidad, 
seguridad, no se le paga a la entidad que trabaja con ese “usuario”. Si los cupos para 
personas que viven en calle son un negocio, la empresa, ONG, Fundación, etcétera, no 
podrá (o no querrá) contener en sus programas a “casos difíciles” (los más numerosos), 
con salud y estado físico deteriorados, con diagnósticos severos de salud mental, hombres, 
mujeres, travestis “conflictivas”… Si la persona sigue consumiendo no cumpliría con resultados
de “seguridad ciudadana”; si no sale a trabajar, es vieja, sin familia, debe seguir en albergues 
hasta su muerte: no es “funcional” ni “integrada”. Esto, en un país con un 80 por ciento de 
personas en la pobreza (3), donde no encuentras trabajo después de los 40; tampoco si 
eres gorda, estás indocumentada, das la dirección de una periferia, y menos si eres mujer 
pobre con hijos, o en edad fértil.

Ahorro en identificación de “NN”
¿Una forma de ahorro para el gobierno sería que la “gente de calle” muera? De hecho, los 
cuerpos “NN” gastan menos que otros muertos. Hasta hace un par de años se los identificaba, 
pero ya no se gasta en eso. Así lo denuncia José Morales de la asociación nacional de 
funcionarios del Servicio Médico Legal, SML, al que llegan los cuerpos “NN”: “Quitaron 
VERIDEN, identificación por huella, que establecía comunicación con todo el país y nos 
daba contacto directo con el registro civil, pero ya no, ahora es para los vivos” (4). 
Este dirigente fue sumariado por el Ministerio del Interior en 2018 luego de movilizaciones, 
y a pesar de su fuero sindical, fue recientemente desvinculado del SML, ya que desde 2016 
denuncia esta y otras irregularidades. Con respecto a la verificación de huellas, ese tipo de 
aplicaciones y servicios, ahora, los necesitan los bancos y otras entidades comerciales y 
financieras. Se gasta en gente viva, activa comercialmente, pero no en los cuerpos “NN”. 
Si una persona sin familia muere sola en la calle, no se le va a identificar en mucho tiempo 
-si es que se le identifica-. Pero tal vez si se trata de una muerta “NN” de algún caso 
femicida que pueda transformarse en mediático, sí se van a sentir presionados a identificarle. 
Como por ejemplo el crimen machista contra Estefanía, mujer de circuito de calle, que en 
mayo de 2019 fue asesinada y dejado su cadáver en una maleta en la vía pública. 

¿Pero si la “NN” es una muerta por la policía o militares, qué pasaría con su cuerpo e 
identificación? No olvidamos que en Chile hay restos de gente detenida desaparecida 
en Dictadura que luego de 50 años o más, sigue sin ser identificada. ¿Cuántos cuerpos 
“NN” de la Revuelta están sin identificar porque eran gente de calle, sin familia, migrantes…?    

En tanto, las personas que viven en la calle y rondan sus circuitos, seguirán poblando 
bandejones, plazas, puentes, sitios baldíos, esquinas de territorios urbanos, porque el 
capitalismo patriarcal utiliza, depreda, esclaviza y deshecha y necesita “ahorrar”.   


_______

NOTAS:
(1) https://www.gentedelacalle.cl/declaracion-publica-personas-en-situacion-de-calle-y-toque-de-queda/
(2) “Estudio de factibilidad de la implementación de un Contrato de Impacto Social (CIS) para la Superación de la Situación de Calle y la Inserción laboral” de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, del Ministerio de Economía, adjudicado a Impacta RSE Consultores.
(3) “La parte del León: Nuevas Estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile”, Ramón López Eugenio Figueroa B. Pablo Gutiérrez C. Santiago, Marzo 2013. Universidad de Chile. sdt@econ.uchile.cl; econ.uchile.cl/publicaciones. Cuantificación de la concentración de la riqueza en Chile con información del Servicio de Impuestos Internos (SII). 
(4) El 27 de octubre de 2019, a 9 días del inicio de la Revuelta popular, José Morales, respaldaba a Aleida Kulikoff, Directora del SML que estaba siendo desvinculado por el Gobierno de Piñera. Además este dirigente denunciaba que había muchos “NN” y que VERIDEN hubiese dejado de
usarse para muertos “NN”.
https://www.facebook.com/lapuntadaconhilo/videos/408001396542517/?v=408001396542517



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