¿OTRO PACTO DE SILENCIO?: “LO DE XIMENA FUE FEMICIDIO”
X victoria aldunate morales*
La violencia machista, habitual, si bien no fue denunciada por la víctima, sucedió en la
cotidianidad, a vista y paciencia, de diversas autoridades de un recinto protegido de
las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas, en la Base Aérea “Cerro Moreno” de la Fuerza
Aérea de Chile (FACH).
¿Hubo connivencia con el agresor? Distinguimos –al menos- silencio con ribetes de pacto
entre instituciones. Como en el caso de Macarena Valdés Muñoz, la muerte de Ximena
Cortés Rojas, fue caratulada como “suicidio”.
James Díaz Portus, ex Sargento 2º de la FACH, fue un esposo (ahora viudo) que agredió a
Ximena Cortés Rojas por años. Pocos meses después de los hechos de violencia que la llevaron
a la muerte, él agresor llegó a su trabajo con algún consumo de sustancias que a su jefe -de
ese momento-, Héctor Arturo Bravo Ojeda, suboficial de la FACH, le pareció evidente. Cuando
éste le llamó la atención, él (Díaz Portus), respondió: “¡Para qué le ponen tanto color si ya no
me pillaron”. Es lo que relata el mismo Bravo Ojeda, de 55 años, suboficial de la FACH,
encargado de la Planta Eléctrica de la Base Aérea Cerro Moreno, en que trabajaba el
Sargento 2º Díaz Portus.
En junio 2016, 10 meses antes de la muerte violenta de la víctima, la esposa del mismo
suboficial Bravo Ojeda “recibió una llamada telefónica” de Ximena, cerca de las 23 horas.
Le pedía ayuda a ella y a su esposo porque el agresor estaba ebrio y quebraba los vidrios
de la ventana. Cuando llegaron (Bravo Ojeda y su esposa) a la casa en que convivían la
víctima y el agresor, Ximena lloraba: “Nos decía que no nos fuéramos, le pregunté por qué,
a lo que me respondió que James iba a volver a violarla… que cuando no conseguía sexo
a la buena, lo hacía a la fuerza…; le consulté a él si era cierto, respondiéndome que cuando
tomaba no se podía controlar”.
Bravo Ojeda también declara que le recomendó a Ximena “denunciar”, pero que ella le respondió
“que tenía confianza en que él (Díaz Portus) cambiara”.
Ximena se había convertido a la religión evangélica junto con el agresor. Bravo Ojeda también
señala en sus declaraciones que “James comenzó a cambiar su actitud indicando que veía
revelaciones espirituales y cosas extrañas”… Pero en el caso de Ximena, hubo más que religión,
machismo y violación sistemática, también abuso económico: “ella debió comenzar a vender
comida rápida aunque por el sueldo de la FACH que recibía Díaz Portus, ella no lo habría
necesitado”, subraya también Bravo Ojeda en su declaración a la PDI de Antofagasta,
del 30 de enero de 2018.
Sin los privilegios de los hombres de la FACH
Ximena Fabiola Cortés Rojas, de 32 años, madre de una adolescente y un niño, el 22 de marzo
de 2017 ingresó de urgencia, inconsciente, con traumatismo encéfalo craneano, cortes
profundos en el cuello, al policlínico de la Base Cerro Moreno de la Fuerza Aérea Chilena
(FACH). Ahí, casualmente se encontraba Bravo Ojeda “en exámenes preventivos” y vio
entrar a otro miembro de la Base, sosteniendo a una mujer ensangrentada. Pensó que
era la esposa de quien la traía, pero se había equivocado, era Ximena Cortés. El declara:
“En eso veo llegar a James que venía en ropa deportiva, a lo cual le pregunté por qué
si es horario de trabajo, respondiéndome éste que ‘Ximena se había intentado matar’,
le digo que entonces era su obligación estar con su esposa y no que un tercero la trasladara,
respondiéndome que tenía que cambiarse de ropa porque la otra, estaba toda ensangrentada,
que los demás ‘podían pensar’ que él tenía algo que ver”.
Desde la urgencia el médico que recibió a Ximena, la derivó al Hospital Regional de Antofagasta.
“Ella no tuvo el mismo trato que James cuando sufrió un ataque al corazón, a él lo llevaron
en helicóptero a Santiago, mientras que a Ximena la dejaron en la UCI del Hospital Público”,
subraya Ruth Rojas Flores, su madre, quien ha puesto a disposición de Tierra y Territorio,
los informes de diversas instituciones sobre el que, afirma “fue un femicidio”.
Según informes de la PDI, la víctima fue encontrada por su marido “en el baño de su casa
con armas cortantes (cuchillo, tijeras)”. En el Informe Pericial Planimétrico (PDI-2018), se
indica entre otros movimientos de Díaz Portus, que él va a buscar a una vecina, vinieron
dos, le ayudaron a sacar a Ximena del baño, luego fue a buscar a un vecino, suben a la
víctima “al automóvil, el vecino conduce, y él (James Díaz Portus), regresa a la casa a
cambiarse ropa”… ¿Por qué informes institucionales, de la PDI, datos de Urgencia del
Hospital Regional y hasta la Fiscalía, afirman tal cual la versión de un sospechoso? ¿A
qué regresa Díaz Portus: a “cambiarse ropa”… y a cambiar la disposición de las pruebas…?
Es él mismo agresor quien informa a todos los vecinos y a otras personas, a las que llama,
que Ximena se había intentado suicidar: ¿Pero eso acaso explica por qué las instituciones
y sus funcionarios reproducen su versión?
Violación de los derechos de las humanas
La falta de dudas de las instituciones del Estado y sus funcionarios sobre el origen
de las condiciones en que llega una mujer agonizante, sin conciencia, ensangrentada,
es atemorizante para cualquiera que esté pasando por lo mismo que pasó Ximena.
Y en lo concreto, viola los derechos de las humanas que el Estado chileno pregona defender.
La médico jefe de la UCI del Hospital regional de Antofagasta, Jacqueline Verónica Blanchard
Tapia, médica cirujana declaró en la PDI y en Fiscalía que “la paciente presentaba múltiples
lesiones, entre estas, sugerentes de acción de terceras personas, motivo por el cual se
realiza la denuncia a personal de Carabineros”, también dice: “Recuerdo que me llamaron
la atención las lesiones en sus manos, cortes cervicales y una equimosis en el epigastrio
que a mi parecer son compatibles a acción de terceros”.
Las investigadoras criminalistas, peritos forenses Marianela Armijo Rivera y Yelisse
Alvares Bolados, en el mes de julio del año 2017, a 4 meses de la muerte de Ximena,
hicieron un informe pericial que solicitó Ruth Rojas de manera privada. Al compararlo
con declaraciones y otros reportes institucionales, se observa una revisión amplia de
la información médica y jurídica que da cuenta de distintos momentos de la agonía
y muerte de Ximena. Las investigadoras resumen y ordenan lo ya dicho por diverso
personal médico interviniente desde instituciones de Salud: En la Urgencia, el doctor
Víctor Manuel Litardo Plaza, en el Hospital, las doctoras Jacqueline Blanchard y Romina
Rojas, en el SML, el doctor Juan Cabane González. Este informe no inventa nada y
se basa en descripciones y hallazgos médico-científicos para sus conclusiones, pero
no fue aceptado por la Fiscalía como un antecedente válido: ¿Por qué?
Alevosía machista, crímenes overkill
Diversos estudios de patología forense y neurología especializados en violencia contra
las mujeres, afirman que las lesiones de la vagina, tienen como causa frecuente, violaciones,
y que los traumatismos craneoencefálicos (TCE) y las heridas en el cuero cabelludo,
presentan no solo numerosos y complejos problemas médico-legales, si no que puede
ser extraordinariamente difícil determinar si se produjo por una caída accidental o una
agresión con objeto contundente, y que solamente con un examen detenido de los bordes
y el fondo de la herida, con lupa, podría aclararse el origen... Si el caso de Ximena tuvo
esa ocupación institucional, no se refleja en los resultados hasta hoy.
Las peritos criminalistas ya citadas (Armijo Rivera y Alvares Bolados), entre otras crudas
descripciones y conclusiones, reportan que en la “cadera, pelvis, genitales”, hay moretones
(“equimosis”), “hemorragia en pared pélvica, vulva con edemas, una variedad de lesiones
de la mucosa vaginal”, que podrían ser producidas por “posible fractura pélvica, enfermedades
de transmisión sexual o sistema inmunológico debilitado”; en el cuello “hay heridas cortantes
profundas, fractura del hueso hioides que es poco frecuente” y que “se puede asociar a
personas que sufren estrangulamiento manual”; en las extremidades superiores hay “cortantes
con compromiso tendinoso en antebrazo izquierdo y heridas cortantes profundas en antebrazo
derecho, cortes por arma blanca”, y serían “lesiones atribuibles a defensa”; “en el abdomen,
equimosis”, o sea, moretones, y en las piernas, Ximena también tenía muchos moretones,
“en muslos, cara externa e interna” que pudieron ser producidos “por golpes”.
Hubo alevosía. Overkill le llaman en inglés. Un término venido del norte que denota exageración
y un ensañamiento que se refleja en que hay múltiples lesiones, nuevas y antiguas, justo
como en el caso de Ximena Cortés Rojas.
En Costa Rica, en el marco de la aplicación de la Ley de Penalización de Violencia contra
las Mujeres, se destaca como variables descriptivas y válidas para investigar con ocupación
especial: “la convivencia y/o los hijos menores con el agresor, que los hechos sucedan en
la casa de la víctima, y ser atacadas con distintos tipos de arma blanca”. Nada de esto es
casual ni obvio. El agresor viola o mata a la mujer que considera que puede –y debe- agredir,
pues se lee a sí mismo en un escalafón superior al de ella, esto desde los valores jerárquicos
que profesa: militares, religiosos, también familiares y sociales.
Las lesiones que se señalan en investigaciones y protocolos, son de múltiples tipos, y después
de las heridas por arma de fuego, vienen las de armas cortopunzantes en cuello, brazos,
piernas y abdomen, quebraduras de quijada y dedos, intentos de estrangulación usando
las manos.
Pareciera que el arma de fuego siendo más segura para matar, es fácilmente identificable,
en especial si está registrada en las filas de integrantes de FF.AA. y de Orden (de cualquier país).
Muchos agresores (uniformados tal vez), podrían preferir las armas cortopunzantes además
de los golpes, ya que puede disimularse su uso por terceros. Y todos estos- y más- son
elementos fundamentales de la epidemiología del feminicidio: Un Estado, unas instituciones
y unos políticos que pregonen en sus lenguajes y discursos, algún “combate contra
la violencia de género” (como gustan llamarle), debieran tenerlo en cuenta. O si no,
quedamos igual que cuando NO mencionaban “género” y el feminismo NO estaba de moda.
(Ya sabemos que hacer parecer que todo cambia para que nada cambie, es un hecho
neoliberal de estos tiempos).
Violencia institucional es impunidad
Revisamos, cerca de mil hojas de informes, cruzados, desordenados, repetidos, con aparente
fuga de hojas: ¿Hay un empeño particular en desorganizar y confundir a quienes los revisen?
Para Ruth Rojas, es al menos “una falta de respeto”, ella -como las feministas- sospecha:
“Hay informes que las instituciones no han querido ni leer”. Y denuncia: “El abogado de
SERNAMEG intentó hacernos firmar un documento en el que nos retractábamos de la querella.
Tanto en el informe de autopsia como el de re-autopsia, no se señala cómo sucedieron los
hechos, careciendo de veracidad, pues la cantidad y la gravedad de las lesiones no
concuerdan con un suicidio. Todo esto y una serie de hechos más, nos indican que nada
fue casualidad y que no hubo intensiones de investigar por tratarse de un uniformado y
porque los hechos ocurrieron en un recinto militar. Prefirieron el prestigio de una institución,
que velar por la vida de una mujer y sus hijos”, concluye.
¿Un pacto de silencio en un caso de femicidio en un recinto militar como “Cerro Moreno”?...
Dado el historial de crímenes contra la Humanidad entre los años 73 y 80, cometidos en ese
recinto de la FACH: ¿Podría ser un tipo de privilegio concedido por el descrédito militar y
policial en un país con una macabra memoria de crímenes contra la Humanidad cometidos
por parte de agentes del Estado?
El Ministerio Público insiste en “suicidio”. Desde Tierra y Territorio, nos acercamos a la
Defensa Popular, organización que defiende a víctimas de la represión policial, y le expusimos
los hechos a su coordinadora, la reconocida abogada de DDHH., María Rivera Iribarren. Ella
nos respondió que estando de acuerdo con algunas de nuestras interpretaciones, subraya
que: “En casos como este, que podrían constituir femicidio, no suele haber testigos. Los
hay antes y después del hecho, pero no en el mismo momento. De ahí que para lo jurídico,
siempre haya dos verdades, la verdad jurídica y la verdad-verdad”.
Concluimos hoy (hasta que se pruebe lo contrario), que en la Post-Dictadura, las mujeres,
lesbianas y trans, azotadas por la violencia machista y el feminicidio, especialmente en
casos cometidos por agresores y/o instituciones que ostentan algún poder (empresarial,
del Estado, militar y policial), solo hemos obtenido demagogia de género, ya que las
instituciones se han servido de los discursos feministas (que les han proporcionado),
pero realmente lo que tiñe las verdades jurídicas, es la impunidad.
* La autora es integrante de Lesbianas Feministas Antirracistas Tierra y Territorio.
