En Túnez, siete años después de la revolución de 2011, comenzó una nueva revuelta en enero de 2018. Las masas tunecinas, cuyas exigencias económicas y sociales no han cambiado en modo alguno pero que sus condiciones de vida se han deteriorado cada vez más desde la revolución, han vuelto a las calles con el lema "trabajo, pan y una vida digna" contra los planes de austeridad que el Gobierno de Unidad Nacional está tratando de poner en marcha en el marco del acuerdo con el FMI sobre el pago de la deuda y el aumento de los precios y los impuestos.

El año pasado, al firmar con el FMI un acuerdo por cuatro años, el gobierno del día aceptó el programa de pago de la deuda y la limitación del gasto público. Después de la revolución, la deuda aumentó un 56% en siete años debido a que los gobiernos acordaron pagar la deuda de la derrocada dictadura de Ben Ali. En el país donde el déficit comercial alcanzó los 6.500 millones de dólares, el dinar tunecino perdió su valor debido a la elevada inflación. Las cifras oficiales de desempleo han seguido aumentando. La tasa de desempleo ha aumentado al 16 %. La tasa de desempleo entre los jóvenes titulados ha alcanzado el 30%. Los precios de los productos de consumo y la gasolina subieron un 9% el pasado mes de diciembre. Así pues, se dieron las condiciones para una nueva revuelta espontánea de trabajadores tunecinos pobres.


Más allá de este marco, hay otros tres factores que han levantado la ira del pueblo tunecino. La primera es la ley adoptada el pasado mes de septiembre por iniciativa del gobierno para conceder la amnistía a los funcionarios implicados en la corrupción del régimen de Ben Ali. Como resultado de esta legislación, la mayoría de estas personas corruptas regresaron a sus trabajos y algunos de ellos fueron asignados a empleos "tecnócratas" en el gobierno. El segundo factor que provocó el descontento del pueblo tunecino fue el hecho de que todos los gobiernos que llegaron al poder después de la revolución utilizaron ampliamente uno de los instrumentos más importantes de explotación del antiguo régimen, a saber, la corrupción y el nepotismo. Recientemente, los comentarios del presidente Essebsi sobre que el poder ejecutivo del gobierno debería fortalecerse revisando la constitución de la revolución y restableciendo el sistema presidencial fueron un ataque fundamental a las libertades adquiridas de la revolución de 2011.


Todos estos factores han impulsado la movilización espontánea de los trabajadores, mujeres y jóvenes tunecinos. La muerte de una persona como resultado de una violenta intervención policial y militar ha llevado a la propagación de manifestaciones en más de diez ciudades. Hasta la fecha, más de 800 manifestantes han permanecido bajo custodia policial. Las dos organizaciones simbólicas del movimiento obrero y la izquierda tunecina, la UGTT y el Frente Popular, han demostrado una vez más su carácter reformista. La UGTT, recientemente galardonada con el Premio Nobel por su papel en la "transición democrática" post-revolucionaria, simplemente pidió al gobierno que tomara medidas económicas contra la pobreza en lugar de movilizar su propia base durante las manifestaciones. El Frente Popular, que desde la revolución se ha limitado a defender las libertades conquistadas, que ha aplazado la transformación económica y social, que sigue reivindicando aún  una revolución por etapas, a pesar de haber llamado a las masas a salir a la calle con el lema "Túnez salva su revolución", ha preferido, en lugar de proponer un programa de lucha para salir de la crisis económica y conquistar el poder, intentar empujar al gobierno hacia atrás y hacer que retroceda.

El gobierno, para salvar la situación, al declarar que iba a aumentar el presupuesto para las familias de bajos ingresos en $70 millones y proporcionar atención médica gratuita a los ciudadanos afectados por la crisis económica, pretende calmar a las masas y reprimir las manifestaciones. Pero estas medidas distan mucho de ser suficientes para satisfacer las demandas de los trabajadores tunecinos que llevan siete años luchando por "trabajo, pan y una vida digna".


Libertades democráticas sin pan, ¿cómo hacerlo?

En primer lugar, cabe señalar que la insurrección revolucionaria 2011 comenzó con el mismo lema que ahora:"trabajo, pan y una vida digna". Tras la brutal intervención de las fuerzas policiales del dictador, la insurgencia tomó un carácter antigubernamental.  Se intenta ahora detener la lucha en la etapa de conquistas democráticas, aunque desde el inicio siempre ha sido una lucha contra el capitalismo y la política neoliberal. La causa principal de esta situación es el hecho de que la izquierda tunecina y las organizaciones sindicales no han propuesto un programa que vincule las reivindicaciones democráticas y sociales para salir del sistema.


En este contexto, los siete gobiernos que han estado en el poder desde la revolución, mientras colaboraban con el imperialismo, han hecho hincapié en la "transición democrática" pero siguen gobernando para las multinacionales y los acuerdos con el FMI.  Y siguen usando la represión contra el pueblo.  Continúan con las privatizaciones y otras formas de ataques sociales, prepararon la destrucción de las condiciones de vida. Y cuando pensaron que eran lo suficientemente poderosos, también intentan atacar las libertades democráticas. Es en este contexto donde deben abordarse la corrupción, el retorno de los antiguos funcionarios del régimen  dictatorial y el debate sobre el sistema presidencial.


Pero las condiciones de vida del pueblo tunecino se han deteriorado tanto que la vida se han hecho insoportables. En un país en el que la gente está completamente abrumada por el desempleo, la pobreza y el hambre,  la “democracia” no puede ser construida por los responsables del antiguo régimen. Los que quieren "salvar" la revolución tunecina deben enfrentarse a esta realidad. La revolución tunecina solamente podrá salvarse si se apoya en sus verdaderos protagonistas: los trabajadores, las mujeres y los jóvenes.  Los cambios de fondo vendrán con la instalación de otro gobierno, un gobierno de los trabajadores, la juventud y los sectores populares que rompa con el FMI, con las multinacionales y las privatizaciones y gobierne para los de abajo. La tarea más urgente es proponer un programa de lucha que vincule las reivindicaciones democráticas y sociales, que apunte a la construcción de una economía planificada  al servicio del pueblo y que, para ello, proponga el establecimiento de comités locales coordinados para organizar la lucha en todo el país. Por esto exigimos:


¡La cancelación inmediata de todos los acuerdos con el FMI!

¡La suspensión urgente del pago de la deuda! ¡Utilizar las fuentes de financiación para crear empleos, mejorar la educación y la salud!

¡La nacionalización sin compensación de todos los establecimientos públicos ya privatizados!

¡La explotación de las tierras agrícolas no urbanizadas del estado por los trabajadores de la región!

¡Volver a abrir bajo control obrero las fábricas e instalaciones de producción cerradas!

¡El establecimiento de comités populares e independientes para luchar contra la corrupción!


¡Llevar las personas involucradas en corrupción ante los tribunales bajo la supervisión de estos comités!

¡Libertad para todos los presos políticos!